Estados Unidos viola los derechos humanos: así dicen los enemigos de EEUU y, entre otros, quienes juzgan con precipitación la pavorosa muerte del joven estadounidense Michael Brown, estudiante baleado en Ferguson, Missouri, por un policía que le dio cuatro disparos en el pecho y dos en la cabeza: se le acusa de haberlo matado indefenso y a la Policía de haber disparado balas de goma a los protestantes y apuntarlos hasta con rifles.
La muerte del joven es de suyo muy lamentable y también para los venezolanos el que fuera en Missouri, donde está el pueblo “Bolívar”, el más grande de los cuarenta adornados con tan egregio nombre en EEUU (Para 1821, según el gran bolivariano Mier Hoffman, había quince: dos en NY y uno en Alabama, Georgia, Indiana, Lousiana, Maryland, Mississipi, Missouri, Ohio, Pensylvania, Tennessee, Texas, Virginia y Port Bolívar en Galveston. Es uno de los muchos homenajes que le rindieron los estadounidenses, quienes, honrados con la gloria de ser pioneros en la revolución por la libertad, no podían ser indiferentes al Libertador, que también les dedicó ingentes elogios y ha sido el único en la Historia universal en declarar guerras para independizar naciones y no para saquearlas. En 1963 EEUU lanza el submarino nuclear más poderoso del mundo y se le bautizó con un nombre cónsono con su grandeza: “Simón Bolívar”…
Las acusaciones contra ese policía son muy graves -se asegura que el joven estaba desarmado y parece innecesaria la mortal reiteración de disparos- y se acusa al Gobierno por violar con ello los DDHH y al reprimir la airada protesta; pero se deben ponderar muy bien las circunstancias de ese caso antes de concluir en algo tan grave y peligroso. El presidente Obama condenó a la “minoría” que al protestar provocó violencia pues “Es algo que mina la justicia en vez de hacer que esta avance” y aseguró que se debe mantener la ley y el orden. Tiene plena razón el presidente Obama. Aunque se llegare a probar que criminalmente se le hubiere dado muerte al joven Brown, no se debe hacer justicia con una serie de crímenes sino sólo por el cauce legal de los juzgados penales. En todos los países civilizados hay el derecho a la protesta; pero esa protesta tiene límites y debe ser pacífica. No hay ningún derecho ilimitado. Ni siquiera el derecho a la propia vida: si uno ataca con un puñal a otro y éste lo deja tendido de un tiro, no cometió delito alguno porque mató a su agresor en legítima defensa. Así que, en todas partes del mundo, ninguna protesta debe ser violenta y si lo fuere ha de ser reprimida por los respectivos Gobiernos en protección de la vida y hacienda de la ciudadanía y de otros derechos como el del libre tránsito.
Empero, cuando algunos países reaccionan contra similares protestas, saltan al unísono determinados voceros nacionales e internacionales a denunciar a los correspondientes Gobiernos por violar los DDHH de los protestantes: así terminan por respaldar e inciensar la violencia criminal que, como dijo el presidente Obama, “Es algo que mina la justicia en vez de hacer que esta avance”. Hasta “exigen” soltar a todos los presos por esas protestas -aunque hayan matado gente- y afirman que los estudiantes no pueden ser detenidos: como si esos “estudiantes” tuvieran derecho a ser violentos, a perpetrar delitos durante tal violencia y a disfrutar de la más escandalosa y total impunidad…
El tema de los DDHH ha sido tergiversado con perversión: enarbólanse los DDHH sólo si afectan a personas sobre las cuales recae una persecución estatal. Y el colmo es que casi nunca se oye hablar de los DDHH que también tienen las víctimas de los delincuentes. Incluso se asegura que los DDHH sólo deben proteger a las víctimas de la arbitrariedad estatal. Semejante criterio lleva a la aberración de atribuir el monopolio de los DDHH a unas pocas personas, en comparación con el otro sector mucho mayor de víctimas de la criminalidad común. Es tan injusto cuan absurdo el mutilar del conjunto de los DDHH de los ciudadanos, precisamente los DDHH. Hay que preguntar a quienes sostienen esa tesis abstrusa, si lo único injusto puede provenir del Estado. Y si éste es el único que puede conculcar los DDHH. O si también pueden violentarlos los particulares que no sean fautores del Estado. Si, por ejemplo, el que unos asaltantes maten al padre y a la madre de un niño, no viola los DDHH de esta víctima doblemente huérfana a tan tierna e indefensa edad. Y, por último, por qué sólo interesa combatir la injusticia cuando la cometa el Estado. La respuesta está en que conviene a los fines políticos y para propiciarlos nada mejor que desconocer el “ius puniendi” o derecho de castigar de los Estados para acabar con su soberanía y abonar el terreno a organismos suprasoberanos.
Es absurdo que a las inconcusas verdades jurídico-penales se les pretenda dar valor en unos países y en otros no. Es anticientífico que los principios ontológicos del Derecho sean retorcidos según convenga…
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