Certificación carcelaria: ¿nuevo embate del intervencionismo estadunidense?
En agosto pasado 50 mujeres del Centro de Readaptación Social de Atlacholoaya, Morelos, se fueron a huelga de hambre en protesta por los malos tratos y el endurecimiento de las medidas de seguridad en dicho centro penitenciario, en el contexto del proceso de certificación que promueve la Asociación Americana de Correccionales (ACA, por sus siglas en inglés).
La medida de protesta, que apenas dio pie a una pequeña nota en los diarios locales, fue un llamado de atención sobre un proceso más amplio que se está llevando a cabo en todo el país: la importación de un modelo carcelario estadunidense punitivo, en nombre de la seguridad y la gobernabilidad.
Como parte de la llamada Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha aportado 14 millones de dólares para “apoyar” al sistema penitenciario mexicano, tanto federal como estatal. Dicha iniciativa, surgida a partir de diciembre de 2008, sienta las bases de un programa de colaboración entre los gobiernos de Estados
Unidos y de México que parte del reforzamiento de la procuración de justicia y la ampliación de la cooperación internacional bilateral en la lucha contra la delincuencia.
La Iniciativa Mérida (también conocida como Plan México por sus similitudes con el Plan Colombia) ha sido ampliamente criticada por su carácter intervencionista y priorizar la estrategia punitiva para contrarrestar la producción, el tráfico y el consumo de drogas, y pasar por alto las estrategias de prevención.
A pesar de las críticas amplias al intervencionismo estadunidense del Plan México, se ha dicho poco sobre lo que esto implica a nivel de la globalización de un modelo de Estado penal que promueve el crecimiento de la infraestructura y la industria penitenciaria, a la vez que se crea el marco legal para legitimar la criminalización de la pobreza y de la disidencia política.
La inversión en la construcción de nuevos complejos penitenciarios y la intervención de la ACA para definir cómo deben funcionar dichos espacios, nos habla de un proceso de estandarización que en nombre de la “modernización de la infraestructura” y los derechos humanos está imponiendo un modelo carcelario en el que la seguridad y el control de la población son más importantes que la reinserción social. Los Centros de Readaptación Social vuelven a ser concebidos como “correccionales”.
Paradójicamente, de 138 estándares de calidad que establece la ACA, que incluyen: la modernización de la infraestructura carcelaria, la capacitación del personal, el establecimiento de medidas de control y disciplina estrictas, el mejoramiento de la administración de recursos humanos y financieros, son las medidas disciplinarias y de “gobernabilidad” las que tienden a implementarse primero, por la “falta de recursos para el mejoramiento de las instalaciones”.
Mientras llega el financiamiento para la instalación de bibliotecas equipadas, salas de televisión y mejoramiento del drenaje, las internas del Cereso Femenil de Atlacholoaya, que se encuentra en proceso de certificación, han tenido que deshacerse de sus libros y aparatos de televisión, prohibidos por los nuevos reglamentos, y seguir soportando los olores putrefactos del drenaje que invade
sus celdas.
Estamos importando un modelo carcelario que ha sido ampliamente criticado por su deshumanización y racismo. La literatura en torno al crecimiento del Complejo Industrial Penal (Penal Industrial Complex) en Estados Unidos es muy amplia y nos habla de los peligros que conlleva que el fin del sistema penitenciario sea la ganancia económica y no la reinserción social.
Estados Unidos es el país con más personas encarcelada: 2 millones de detenidos, cifra a la que se deben añadir 5 millones en libertad condicional. Esto implica que mientras tiene sólo 5 por ciento de la población mundial, cuenta con 25 por ciento de los prisioneros del planeta.
Al parecer, el encarcelamiento ha resultado ser un negocio muy lucrativo con el desarrollo de la industria penitenciaria, y es a la fecha la principal respuesta del gobierno estadunidense ante la conflictividad social. Este es el modelo que nos quieren compartir por conducto de la Iniciativa Mérida y sus procesos de certificación.
A la fecha, ocho de las 16 prisiones federales mexicanas cuentan ya con la certificación de la ACA y seis prisiones estatales: cinco en Chihuahua y una en Baja California.
Será importante valorar si realmente esta estandarización ha representado una mejoría en los derechos humanos de los internos o si sólo es una estrategia más del intervencionismo estadunidense.
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