El presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ultima los detalles para cumplir su promesa de resolver la situación de millones de inmigrantes sin papeles antes de fin de año, en respuesta a la inacción del Congreso para aprobar una reforma migratoria integral. Aunque todavía no se ha concretado el alcance de sus decretos, muchos medios estiman vendrá a beneficiar al menos a cinco millones de indocumentados que hay en ese país.
Sea cual sea el alcance, y a pesar de que cualquier medida sólo sería temporal, la oposición republicana ya ha externado su preocupación a que el presidente Obama utilice sus facultades ejecutivas y actúe vía decreto, advirtiéndole que una acción presidencial en este tema podría significar el enfrentamiento total con el Congreso que ahora dominan los republicanos.
A todas luces se puede apreciar que un tema aparentemente “internacional” en los Estados Unidos es más bien “la agenda doméstica”, que provoca intensos debates y grandes desacuerdos en la política estadounidense. Una parte tratando de llevar adelante de manera lineal una reforma que no alzó vuelo en la Cámara de Representantes, y otra parte amenazando que si se procede con un alivio temporal para los migrantes, el encono político será tal que cualquier intento de una reforma migratoria integral a nivel legislativo será historia. Y mientras tanto, nuestros migrantes seguirán siendo el jamón del sándwich de esta tragicomedia ya que para mientras la política trata de ponerse de acuerdo, millones de ellos siguen en la ignominia y en el limbo legal, esperanzados en lograr obtener la tranquilidad que un status legal en ese país les pueda otorgar.
Las elecciones ya pasaron, pero siempre hay otra serie de elecciones a la vuelta de la esquina. Se cree que recurrir a la acción ejecutiva tiene inconvenientes considerables. Incluso, hay quienes consideran que quien se postule a la presidencia en 2016 por parte de los demócratas, no desea asumir la culpa de las acciones ejecutivas que haya emprendido su antecesor. Pero los resultados de las elecciones han sido categóricos. Le han enviado el mensaje claro a Obama que ya no es posible seguir con el discurso estéril de que ya viene ya viene y la reforma nunca llegó. Todo lo que el presidente puede hacer ahora es ofrecer un alivio temporal.
Por otro lado, si los republicanos están tan preocupados de que el presidente actúe respecto a su propia reforma inmigratoria, deberían redactar una propuesta de ley que ofrezca un estatus legal a 11 millones de indocumentados que se estima que hay en los Estados Unidos, poniéndose del lado de la solución del problema.
La clave está en el alcance de las medidas que pueda decretar Obama. Expertos y observadores coinciden en que éstas se centrarán en dos ejes: los lazos familiares y el tiempo que los inmigrantes sin papeles lleven en el país. Un modelo sería la exitosa acción diferida (DACA) que Obama decretó en 2012 y que ha beneficiado a más de medio millón de jóvenes indocumentados, algo que ahora podría extender a sus familiares. Las medidas paliativas también podrían beneficiar a parientes de ciudadanos estadounidenses –como cónyuges o padres– para acelerar su proceso de regularización o evitar que deban esperar para ello en el extranjero hasta 10 años, como sucede ahora.
Esperemos que independientemente del rumbo que tome la decisión que se anuncie, nuestros migrantes salvadoreños puedan verse beneficiados en gran medida con este nuevo ensayo, y se asesoren muy bien con personas o instituciones legalmente establecidas para ello, antes de emprender cualquier decisión que pueda afectar su estatus migratorio actual.
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