UNQUE SON muchos los que piensan que hay secretos de Estado que han de permanecer ocultos por razones de seguridad, lo cierto es que la transparencia, sobre todo cuando se trata de denunciar infames delitos de tortura, es la mejor fórmula para fortalecer la democracia. El ejemplo dado por el Senado estadounidense publicando un informe en el que se demuestra el uso sistemático de la violencia, tanto física como psíquica, en los interrogatorios por parte de la CIA -pieza clave en la seguridad de EEUU- demuestra la necesidad de que, en un régimen de libertades, el poder Legislativo controle al Ejecutivo. Pese a las presiones sufridas desde que comenzó la investigación hace cuatro años, el Comité de Inteligencia del Senado, integrado por miembros de los dos grandes partidos, ha revelado que durante años EEUU violó la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas. Como declaró Dianne Feinstein, la senadora que ha presidido la Comisión, «la grandeza de este país es que podemos examinar nuestros errores y remediarlos». Envidiable actitud que debiera servir de ejemplo a los que aspiran a consolidar una auténtica democracia.
Podrá criticarse que del informe, que consta de más de 6.000 páginas, sólo se hayan desclasificado alrededor de 500. Pero esto no hace sino demostrar que es posible alcanzar un equilibrio entre las necesidades de la seguridad nacional y el derecho de los ciudadanos a estar informados de la actuación de sus representantes. Porque el programa secreto bautizado Rendición, detención e interrogatorio fue activado por George W. Bush tras los atentados del 11-S, pero la Central de Inteligencia decidió dejar de informar a la Casa Blanca sobre las «técnicas de interrogación reforzadas» -el eufemismo utilizado para no hablar de torturas-, actuando como si fuese un Estado dentro del Estado. Una actitud que, como denunció el presidente Obama, ha causado un «daño significativo» al país, no sólo porque son actos contrarios a sus «valores» democráticos, sino porque se trata de graves delitos que atentan contra la dignidad e integridad de las personas y han sido cometidos en nombre de EEUU.
Por otra parte, los defensores del maquiavélico principio de que el fin justifica los medios, y de que la situación tras el salvaje atentado contra la Torres Gemelas era excepcional, se han quedado sin argumentos. En el informe, no sólo se describen prácticas «brutales» contra los sospechosos, sino que se concluye que los protocolos de tortura seguidos metódicamente para intentar conseguir información fueron por completo ineficaces. Con estas técnicas inhumanas, la CIA no consiguió que ninguno de los detenidos -encerrados en cárceles extranjeras para evitar que fuesen detectados- aportase información de utilidad militar. Pero en el caso de que así hubiese sido -la Casa Blanca no ha querido confirmar si fue así como localizó a Bin Laden- la tortura no puede justificarse nunca. La democracia no se defiende violando los derechos humanos sino respetándolos.
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