Como se sabe, la acción ejecutiva del presidente Barack Obama, que difiere la deportación de indocumentados, beneficiaría a más de 5 millones de ellos, la mayoría de México, El Salvador, Guatemala y Honduras, al establecer nuevas reglas de tipo administrativo en esta materia, cuyo enfoque central sería principalmente la expulsión prioritaria de los inmigrantes detenidos en la frontera sur tratando de ingresar de manera ilegal, los convictos de delitos graves y las personas que representen una amenaza para la seguridad nacional. Protegería a padres de ciudadanos o de residentes que lleven más de cinco años de vivir en el país, cuyos beneficios se extenderían además a la extensión de un permiso temporal de trabajo.
Todo este paquete de medidas de tipo migratorio que representan la tranquilidad para estas personas y sus familias, está sujeto a lo que pueda decidir un juez texano ante quien, los apoderados de 25 estados presentaron una demanda que tiene como principal propósito su revocación. Lo preocupante es que el juez que conoce este contencioso tiene, según se ha informado, un perfil conservador y, aunque no se ha pronunciado todavía con respecto a la admisión o no de esta demanda, a adelantado de que se trata de un “debate legítimo”, lo que deja entrever su inclinación hacia lo alegado por los demandantes, lo que además constituye un prejuzgamiento del caso.
Por otra parte, la Cámara de Representantes, por 236 votos a favor y 191 en contra, aprobó recientemente el Presupuesto del Departamento de Seguridad Interna hasta el 30 de septiembre de 2015, incluyendo algunas enmiendas que bloquean las anteriores iniciativas delineadas por la Casa Blanca, congelando inclusive el programa que protegía de la deportación a niños en situación irregular por considerar que son una afrenta al imperio de la ley y a la Constitución de Estados Unidos. Lo favorable en este caso es que el presidente Obama tiene la facultad del veto, lo cual ha anunciado ejercer si este proyecto de ley pasa por el Senado, y este organismo, controlado por los republicanos, lo aprueba. Acciones que para el liderazgo demócrata son innecesarias y que ponen más bien en peligro las operaciones del Departamento de Seguridad y la seguridad nacional de la nación americana.
Ante esta incertidumbre, a los inmigrantes indocumentados, en cuenta nuestros compatriotas, no les queda más que acogerse a los nuevos programas de alivio migratorio emitidos por la Casa Blanca como lo han hecho los beneficiados con el Daca o soñadores en un plan similar, pues mientras no sean revocados o bloqueados en forma cierta, los mismos, aunque temporales, tendrán eficacia y plena vigencia próximamente, quedando mejor posicionados frente a una futura reforma migratoria, que algún día deberá darse.
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