La Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC en sus siglas en inglés) tiene una cita muy importante el próximo 26 de febrero. Este organismo gubernamental, formado por cinco personas nombradas por el presidente de Estados Unidos y ratificadas por el Senado, se reúne para votar el nuevo reglamento sobre la denominada «Neutralidad en la Red», un texto que puede cambiar el futuro de Internet en este país y, tarde o temprano, en el resto del mundo. Uno de los fundamentos que rige Internet es que todos los contenidos han de ser tratados de forma igualitaria en lo que se refiere a su «transporte», es decir, a su difusión a través de las distintas redes que distribuyen la señal por todo el mundo. Esto supone que ningún tipo de contenido legal puede ser discriminado y que los usuarios tienen derecho a acceder a lo que deseen, cuando deseen y como deseen.
Sin embargo, este principio ahora está en peligro. Todo empezó el pasado año cuando Verizon, una de las principales compañías de banda ancha y telecomunicaciones de Estados Unidos, denunció la política de «neutralidad en la red» de la FCC y ganó, de tal modo que la Fiscalía marcó unas nuevas reglas acordes con los intereses de los grandes operadores de Internet y que abren la puerta al denominado «Internet de dos velocidades», por el cual dichos operadores pueden primar el acceso a determinados contenidos de los gigantes del sector, como YouTube, Netflix…
A partir de ese momento, en Estados Unidos se abrió un debate entre los defensores de esta nueva regulación –las grandes compañías del sector– y los detractores, que piden que se mantenga la neutralidad en la red. El punto de inflexión tuvo lugar cuando el pasado mes de noviembre, el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, envió un comunicado a la FCC en el que pedía que no se permitiese que los operadores de redes puedan otorgar prioridad en la transmisión a determinados productores de contenidos, en detrimento de los restantes. Y aunque el organismo regulador no está obligado a «obedecer» las indicaciones del presidente, sin duda que este comunicado tendrá peso a la hora de la decisión final.
El caso es que, tras retrasar varias veces la votación, la FCC la ha fijado finalmente para el 26 de febrero. En principio, estaba pensado que simplemente se ratificara lo que dictaminaba la sentencia favorable a Verizon, pero las presiones a favor de la neutralidad de los usuarios y de infinidad de instituciones y políticos, ha hecho que ahora no esté tan claro lo que se vaya a decidir en dicha votación. Parece claro que será difícil volver a los planteamientos iniciales de la neutralidad total, puesto que los grandes operadores ven insostenible el aumento constante de la capacidad de las redes para la transmisión de datos dando igualdad a todos los generadores de contenidos. Sin embargo, cabe la posibilidad de que se impongan restricciones a la discriminación, buscando un punto intermedio entre ambas opciones.
Lo que parece claro es que, de un modo u otro, Estados Unidos dará luz verde a una red de dos velocidades, en la que los grandes generadores de contenidos tendrán «acceso preferente» a las autopistas de la información, mientras que el resto, todos aquéllos que no quieran o no puedan pagar el peaje, tendrán que optar por carreteras secundarias. De hecho, empresas como Netflix, uno de los principales productores de contenidos audiovisuales por Internet, ha firmado ya convenios con algunas redes para asegurarse una mejor velocidad de transmisión a cambio de pagos regulares. Y aunque en principio esto afecta sólo a Estados Unidos, el efecto dominó acabará llegando al resto del mundo.
You have things exactly backwards. The FCC will vote to keep “net neutrality” exactly as it is now by slightly broadening its regulatory powers to keep it so. There is of course the judicial system in the U.S. where the “rule of law” prevails against all else. It is ultimately up the courts, while hearing counter arguments from those like Verizon who challenge net neutrality, whether the new broader regulation to keep net neutrality is in conformance with U.S. law.