Un juez federal estadounidense acató el martes último el pedido de 26 gobernadores, y bloqueó la aplicación de decretos migratorios de Obama.
De esa forma, detuvo temporalmente un proceso puesto en marcha por el Gobierno para evitar la deportación de un contingente estimado entre cuatro y cinco millones, de los 11 millones de inmigrantes en situación irregular en EE. UU.
Mientras el Gobierno, congresistas y el poder judicial se enzarzan sobre la legalidad o no de las medidas ejecutivas que firmó Obama, los inmigrantes dicen que se sienten frustrados, pero afirman que no declinarán en su pedido de ser regularizados para poder vivir legalmente en Estados Unidos.
La Alianza para la Ciudadanía llevará a cabo 75 actos en varias ciudades de ese país, incluidas Nueva York, Los Ángeles, Boston, Chicago y Miami, con la finalidad de “apoyar y defender” las medidas de Obama para evitar la deportación de un contingente estimado entre cuatro y cinco millones de inmigrantes indocumentados residentes en EE. UU.
“Esto no es un juego, estas son nuestras vidas y es nuestro futuro”, dijo Francisco Curiel, un mexicano de 22 años que vive en Nueva York desde el 2007, en un acto organizado por la Coalición para la Inmigración.
La resolución del juez Andrew Hanen fue anunciada justo un día antes de que comenzará la gestión de regularización de miles de jóvenes indocumentados, quienes pertenecen al grupo de los llamados dreamers (soñadores), que ingresaron ilegalmente en Estados Unidos cuando eran niños. Ellos eran la prioridad de las medidas migratorias de Obama, pero todo quedó paralizado hasta nueva orden judicial.
Además, en mayo próximo seguiría la recepción de solicitudes para regularización de los padres de niños ciudadanos estadounidenses o residentes legales permanentes. Este otro programa quedó suspendido por el juez.
“Me siento triste y decepcionado de saber que no voy a ser capaz de aplicar al programa DACA expandido. Pero seguiremos luchando por nosotros y nuestras familias como lo he hecho durante estos años”, afirmó Curiel, militante del colectivo Make the Road New York.
Mónica Morales, de 35 años, una guatemalteca madre de una hija de 4 años y embarazada de ocho meses, admitió que no podía creer la decisión del juez, pero también aseguró que no bajará los brazos.
“Estábamos preparando la documentación para aplicar. Cuando me enteré, me dije: No puede ser que estas personas hayan hecho esto. Hay que tener fe, esperanza y seguir unidos para adelante”, señaló.
Los estados y jueces que patrocinaron la demanda ante el juez Hanen consideran que, al ordenar acciones ejecutivas sobre la cuestión migratoria, Obama violó la Constitución. Esas acciones, alegan esos estados, provocarán “daños dramáticos e irreparables”.
Como muchos, Marly Arévalo, una guatemalteca de 20 años que vive en las afueras de Washington DC y estudia para ser trabajadora social, deberá esperar ahora la apelación de la Casa Blanca y su resultado.
“Es un obstáculo bien grande para mí y mis hermanos y para toda la comunidad que califica a la acción ejecutiva. Mientras soy elegible, soy optimista de seguir luchando hasta que pase la ley”, dijo.
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