Es difícil transformar Estados Unidos sin el consenso del Congreso y sin la aprobación de los jueces. La historia de la presidencia del demócrata Barack Obama es la historia de los forcejeos con el poder judicial. Sus iniciativas han topado no sólo con un poder legislativo bajo el control republicano, sino con unos tribunales con la capacidad para arruinarlas.
Ocurrió con la reforma sanitaria, que amplió la cobertura a millones de personas sin seguro médico. Adoptada por el Congreso en 2010, Obamacare afrontó una guerra de guerrillas que desembocó en el Tribunal Supremo.
Ocurre de nuevo con las medidas unilaterales del presidente para regularizar a millones de sin papeles, suspendidas por un juez de Texas. La partida, entonces como ahora, se juega en tres tableros. Enfrenta a los demócratas con los republicanos, al Gobierno federal con los estados y al poder ejecutivo con el judicial.
No sirve lamentarse por el obstruccionismo conservador: las dificultades de Obama para aplicar sus reformas —y consolidar el legado— son el precio de la polarización. Tanto la reforma sanitaria como la migratoria se adoptaron sin el consenso del Partido Republicano, que representa a medio país. EE.UU. no se transforma sin el Congreso y tampoco sin los jueces.
Los fundadores querían evitar que el presidente gobernase solo. Desde el fin de la segregación racial a la victoria de George W. Bush, pasando por la legalización del aborto, el poder judicial es el que de verdad ha modelado el país.
En 1937, en pleno pulso con el Tribunal Supremo por el New Deal, el futuro juez del Supremo Felix Frankfurter escribió una carta al presidente Franklin D. Roosevelt. Sus palabras valen para otros tribunales y otras épocas. “Hasta un ciego —dijo— debería ver que el tribunal hace política”.
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