Obama’s Warning

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La decisión de Estados Unidos de declarar a Venezuela como una “amenaza para la seguridad nacional” y de sancionar a siete funcionarios marca un punto de quiebre impactante en su ya deteriorada relación y abre una brecha de insospechados alcances en la aproximación y el análisis que Washington hace de lo que pasa con el gobierno de Nicolás Maduro.

El argumento de la declaratoria de emergencia nacional no es el narcotráfico, como sucedió con la Lista Clinton, de 1995, y que atacó a los narcos colombianos y su círculo financiero. Tampoco es el terrorismo o su patrocinio, como en el caso sirio, o cubano. Sino el de las violaciones de los derechos humanos. Palabras más, palabras menos, los sancionan por “persecución política, el control de la libertad de prensa, el uso de la violencia y abusos para responder a las protestas antigubernamentales y los arrestos arbitrarios contra manifestantes, al igual que la creciente corrupción política”, según consigna el presidente Barack Obama en su orden ejecutiva.

Los implicados son funcionarios o exfuncionarios que tuvieron directamente que ver con el manejo, en muchos casos brutal, de las protestas de febrero del 2014, e incluso con el trato judicial a los detenidos, en alusión a la fiscal responsable de la acusación contra el líder opositor y hoy preso alcalde metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma. Peor aún, la orden ejecutiva atribuye al Gobierno mismo ser la raíz de los males.

En términos prácticos, la remoción de visas y el bloqueo económico a estos personajes no deberían causar mayor trastorno, pero el gesto político debe ser interpretado por el liderazgo de Caracas como una advertencia que forma parte del escalamiento del disgusto de Washington.

Era claro que Obama había aguantado más sanciones en espera de una mediación efectiva de la Unasur, pero el desarrollo de los acontecimientos precipitó todo. Más aún, sectores republicanos, que ahora gobiernan las dos cámaras, exigían una actitud menos contemplativa hacia Maduro, y en la perspectiva del proceso de arreglo de relaciones con La Habana parece mejor darles un poco de tranquilidad en al menos uno de los ítems.

Por eso, Washington ha sido cuidadoso de no caer en el error –como ha ocurrido con la imposición de sanciones a otros países– de terminar fortaleciendo los regímenes que combate, como sucedió en Irán y en Cuba. En consecuencia, las sanciones son suaves, si se quiere. Lo que no ha evitado que Maduro apele al discurso soberanista para hacer causa común entre los suyos contra la “agresión yanqui”, parlamento de manual que secundan algunos gobiernos de la región.

En ese orden de ideas, la pelea con Washington le cae de perlas a Maduro porque distrae a los venezolanos, si es que eso es posible dada la gravedad de los problemas internos. Pero esto no significa que productos y medicinas aparezcan en los anaqueles o que la justicia deje de amañarse. De la misma forma, el mundo no debe distraerse frente al hecho de que la autoridad electoral le debe al país la fecha de realización de las legislativas, un anuncio al que no se le puede seguir dando largas con el espejismo de la “falta de garantías”, pues nunca como ahora la democracia ha estado tan en riesgo como en la Venezuela de Maduro.