La polémica ley de vigilancia de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA) de los Estados Unidos fue reformada para impedir que sea el Gobierno quien recolecte directamente los datos telefónicos de millones de ciudadanos. El sistema normativo, ahora modificado, fue condenado por la ciudadanía al revelarse la intromisión gubernamental de manera discrecional en las comunicaciones personales en una nación que ponderaba ante el mundo las libertades y los derechos individuales.
En la práctica no se trata de una nueva legislación, más flexible, sino es la enmienda de ciertas provisiones de la llamada “Ley Patriota”, dictada tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001, con una serie de restricciones como la recolección indiscriminada y masiva de conversaciones telefónicas privadas. La extralimitación de la NSA, avasallando las comunicaciones personales de medios, periodistas, empresarios, políticos y figuras públicas, provocó tantas reacciones adversas como fricciones internacionales al avanzar contra estadistas y personalidades de países aliados.
De todas maneras, con este giro legal Estados Unidos continuará con sus prácticas de vigilancia, pero no será el Gobierno quien recopile toda la información de los ciudadanos, sino que recaerá en manos de las compañías telefónicas, las que sólo aportarán la información especifica requerirla por motivos de seguridad nacional.
Al apresurarse a promulgar la norma, el presidente Barack Obama anunció que la aplicación de esta legislación fortalecerá las garantías de las libertades civiles y proveerá mayor seguridad al público en estos programas, y criticó el tiempo que llevó la reforma para votarla cuando estaba a punto de expirar. El presidente aludió a largos desacuerdos entre dos sectores de la oposición republicana en Diputados y los obstáculos en el Senado donde hubo enfrentamiento de los propios conservadores: unos para que se mantenga todo como estaba, y otros firmes detractores del espionaje masivo que ejecuta EEUU amparándose en la figura de la seguridad nacional.
Todo indica que el espionaje preventivo no irrumpirá más en la intimidad de las personas, limitado en la capacidad de las agencias para investigar redes terroristas. Sólo una orden judicial podrá obtener ciertos registros telefónicos puntuales para rastrearlos. Lo difícil será reconstruir la transparencia del seguimiento y darle credibilidad a la protección de las libertades civiles.
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