Su mandato es claro: el matrimonio igualitario es un derecho fundamental de las personas, que no puede ser prohibido por ninguno de los 50 estados de la unión. Aplaudimos que se haga justicia.
La votación fue de 5 a 4, con victoria del ala liberal de la Corte unida al juez Anthony Kennedy, magistrado que se había caracterizado por la indecisión de su voto. La oposición, liderada por el ultraconservador juez Antonin Scalia, escribió un salvamento que retoma todos los prejuicios que se han propuesto contra el matrimonio. En su apartado más agresivo y lamentable acusan a la Corte de amenazar la democracia con esta decisión. El documento es la prueba de una argumentación que se quedó sin sustento.
Pero la historia no recordará eso. Después de varias décadas de lucha, donde la idea del matrimonio igualitario pasó de ser imposible a inevitable, las parejas del mismo sexo (las personas homosexuales) ya pueden descansar sabiendo que la ley protege sus uniones. Los efectos prácticos son importantes: la protección patrimonial, las facilidades y los subsidios para compartir el seguro de salud son algunos de los múltiples beneficios que trae consigo la figura del matrimonio. Hay, sin embargo, uno más importante. Aquel que los conservadores en todo el mundo no quieren reconocer: el efecto simbólico. Que su unión se llame matrimonio, al igual que los matrimonios heterosexuales, envía el mensaje de que en la sociedad estadounidense no hay ciudadanos de segunda categoría. Los derechos LGBT son derechos humanos. La igualdad, formal desde hace rato, se vuelve por fin de acceso material.
Ante las voces que dicen, con temor, que el matrimonio igualitario va a destruir la institución tradicional del matrimonio, la Corte Suprema de Estados Unidos responde contundentemente: “Decir que estos hombres y mujeres no respetan la idea del matrimonio sería equivocado. Su petición demuestra precisamente que lo respetan, lo respetan tanto que lo quieren para ellos”.
Ojalá este raciocinio encuentre oídos en los magistrados de nuestra Corte Constitucional. En el despacho del magistrado Jorge Pretelt reposa una ponencia, publicada por este diario, que echa para atrás los avances que Colombia ha tenido hasta ahora en el tema. Si se adopta, se le daría razón al argumento del procurador Alejandro Ordóñez de que los matrimonios igualitarios atentan contra el ordenamiento jurídico. No hay motivos para respaldar tal postura. La Corte debe recuperar su rol como defensora de los derechos individuales. Ese es su mandato.
Por supuesto que la legalización del matrimonio no es el final del camino. El movimiento por la igualdad no puede descansar aún. Ni en Estados Unidos, donde sólo 18 estados prohíben la discriminación laboral por razones de orientación sexual, ni en Colombia, donde la violencia contra las personas lesbianas, gay, bisexuales y trans sigue aumentando, especialmente a manos de la policía y en las cárceles del país.
Lo hemos dicho en este espacio: discriminación hay y habrá por mucho tiempo, pero estos empujones legales son esenciales. Hace apenas dos años, la mayoría de las personas en Estados Unidos se oponían al matrimonio igualitario. Hoy, el 59 % lo aprueba y contando. Son ciertas las palabras del presidente Barack Obama: “esta decisión reafirma lo que millones de estadounidenses ya creían en sus corazones”.
Mientras esperamos que Colombia tenga también esa oportunidad, aplaudimos, de nuevo, a la Corte Suprema de Estados Unidos. Ya era hora.
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