“La presidencia de Estados Unidos es la tarea más importante”. Así lo ha asegurado Donald Trump en una serie de tuits mediante los cuales ha anunciado que dejará la gestión de sus numerosos negocios privados para dedicarse a la tarea de gobernar la superpotencia, cuya presidencia asumirá el próximo 20 de enero. Es una medida loable pero llega de un modo y con unas formas que, como mínimo, son criticables, y sobre la que es razonable albergar serias dudas.
En primer lugar, Trump debería ser consciente de que aunque no haya jurado todavía el cargo, desde que ganó las elecciones es presidente electo de EE UU. Sus decisiones demandan explicaciones y argumentos elaborados. Anunciarlas a golpe de los 140 caracteres de Twitter —y desde una cuenta que, traducida al español, se llama “el auténtico Donald Trump”— no es lo más adecuado y, desde luego, deja muchos interrogantes abiertos. El que un hombre con multitud de empresas e intereses económicos —en Estados Unidos y en todo el mundo— diga que piensa dejar la gestión ¿significa también que renuncia a la propiedad, aunque sea formal y temporalmente? En caso contrario, ¿seguirá obteniendo beneficios económicos en su calidad de propietario? ¿Su familia —la misma que aparece ahora en entrevistas con líderes extranjeros— manejará esos negocios? Las posibilidades que se abren para diversos conflictos de intereses son enormes.
La forma en que Trump está llevando a cabo la transición ya indica una peligrosa confusión entre lo público y lo privado. Aunque sea simbólico, los representantes de Gobiernos extranjeros que se alojan en sus hoteles, al pagar la cuenta están beneficiando económicamente al que va a ser inquilino de la Casa Blanca. Trump debe ser el primer servidor de la ley; su obligación es conocerla o, al menos, dejarse asesorar por quien la conozca. EE UU no puede convertirse en un negocio más.
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