Los medios de comunicación de Estados Unidos informaron ayer profusamente sobre el donativo que el gobierno venezolano hizo, por intermedio de Citgo, una filial de la estatal empresa petrolera, de 500 mil dólares para los festejos de la toma de posesión del presidente Donald Trump. Un gesto que contrasta con las enormes penurias de miles de venezolanos, quienes están inmersos en la peor crisis económica por la que atraviesa esa nación.
Esa es una actitud repudiable por dos razones: la primera, porque es inconcebible este tipo de generosos desembolsos ante las penalidades que afronta Venezuela, y la segunda porque son gobiernos ideológicamente confrontados, al punto de no tener ni siquiera embajadores desde hace siete años y, sobre todo, por el descaro con el cual actúan donantes y receptores.
En el fondo, esto no es más que la ratificación de los mezquinos intereses que mueven a los políticos, que no tienen miramientos de ninguna naturaleza cuando se trata de buscar el acomodo de voluntades, como sería el caso de la actual administración estadounidense, que ha sido una de las más críticas de la convulsión social que estremece a los venezolanos.
También se ratifica que son mucho menos escrupulosos quienes utilizan los escasos recursos para repartir dádivas a cambio de doblegar voluntades, una práctica típica de las democracias latinoamericanas, donde la búsqueda del tráfico de influencias ha sido una maquinaria movida por el dinero.
En Guatemala, esa ha sido la tónica entre empresarios, financistas y políticos, quienes movilizan millonarios recursos con la intención de agradar a potenciales gobernantes, lo cual apenas empieza a esclarecerse a raíz de una nueva ley electoral que obliga a la rendición de cuentas ante las autoridades electorales sobre todo tipo de aportes recibidos por aspirantes a cargos de elección popular, quienes saben de los compromisos que eso implica.
El presidente Jimmy Morales y la secretaria general de la Unidad Nacional de la Esperanza, Sandra Torres, son los últimos protagonistas en sumarse a esa larga lista de políticos incapaces de separar los compromisos partidarios de los intereses de sus financistas, por lo que ahora enfrentan un ultimátum para esclarecer el origen y uso de millonarios recursos que les permitieron financiar sus campañas electorales.
En el primer caso puede tratarse de una alta dosis de ingenuidad, por lo menos en lo relativo al mandatario, pues la historia puede ser muy diferente cuando se habla del resto de sus más cercanos colaboradores y figuras relevantes de FCN-Nación. En cambio, en el segundo caso, no se puede descartar una conducta impropia en la administración y resguardo de esos aportes, porque la UNE y su dirigencia cuentan con mayor experiencia en esos manejos.
Esa danza de millones en la que se entrecruzan los intereses de financistas y políticos simplemente constata que en todos lados se cuecen habas, pues una práctica muy característica de procesos como el guatemalteco resulta que hoy se observa en un ámbito mucho más incomprensible como el estadounidense y el hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro resulte ser uno de los más generosos financistas de los festejos de Trump.
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