La decisión de Donald Trump de retirar el Estatus de Protección Temporal a 200.000 salvadoreños residentes en EEUU constituye una gravísima agresión contra los derechos de cientos de miles de personas, que fueron acogidas en su momento en estado de extrema necesidad, al tiempo que abre la puerta a una de las deportaciones masivas más grandes y vergonzosas del país norteamericano.
El programa de Protección Temporal fue creado en 1990 para conceder visados extraordinarios a ciudadanos afectados por guerras o desastres naturales, es decir, personas cuya vida corría auténtico peligro. El estatus de protección tiene un carácter individual y se concede caso por caso: así fue reconocido en su momento por las autoridades de EEUU a unos refugiados a los que ahora se dice simple y llanamente que Washington ha cambiado de opinión. Esa no es forma, desde luego, de ganarse el respeto de la comunidad internacional donde el cumplimiento de los compromisos adquiridos es la piedra angular de las relaciones entre países, algo que, al parecer, Trump no entiende.
Como desgraciadamente viene sucediendo desde que Trump irrumpió en la Casa Blanca —por ejemplo, con el polémico veto a la inmigración— la decisión tiene numerosas derivadas que amenazan con ampliar la tragedia a los mismos estadounidenses. Hay miles de ciudadanos de EEUU —un porcentaje muy importante menores de edad— nacidos de salvadoreños acogidos al Estatus de Protección Temporal que pueden ver en septiembre de 2019 cómo sus padres son deportados. Lo mismo ocurre con estadounidenses casados con salvadoreños, que se arriesgan a la expulsión de sus parejas.
Trump ya ha actuado previamente con la misma inaceptable inhumanidad contra haitianos y nicaragüenses. Pero la magnitud de afectados en el caso de El Salvador exige una rectificación pronta de la Casa Blanca.
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