Si de verdad queremos mejorar la movilidad de nuestras ciudades, es hora de hacer una evaluación más completa de las ventajas e inconvenientes de las VTC
Uber y Cabify están transformando el transporte urbano, generando en el proceso fuertes resistencias e importantes debates. El regreso de Uber a Barcelona no ha tardado en despertar recelos, y a la legítima preocupación del sector del taxi se le une la necesidad de configurar adecuadamente la relación laboral de los conductores de las compañías de arrendamiento de vehículos con conductor (VTC). Existen además otros posibles inconvenientes de las VTC, pero también interesantes beneficios. El problema es que nuestra regulación parece venir dictada solo por la capacidad de influencia de algunos de los principales grupos afectados, y no por un análisis exhaustivo de los pros y contras de las VTC.
Las dos últimas decisiones sobre las licencias VTC son buen ejemplo. La Autoridad Metropolitana de Barcelona presidida por Ada Colau acaba de aprobar un reglamento exigiendo a estas compañías una licencia municipal para operar (además de la establecida por la ley). Un poco antes, el pasado 29 de diciembre, el Gobierno presidido por Mariano Rajoy limitaba la transmisión de licencias VTC. Ambas decisiones responden a la sentencia del Tribunal Supremo que abría la puerta a más licencias VTC, y reflejan la naturaleza de nuestra regulación: una combinación de decisiones judiciales y sucesivos parches legales de distintas administraciones.
Si de verdad queremos mejorar la movilidad de nuestras ciudades, es hora de hacer una evaluación más completa de las ventajas e inconvenientes de las VTC, para diseñar una regulación que atienda a las demandas legítimas de todos los implicados.
Un análisis más global de los inconvenientes implicaría, por ejemplo, evaluar el efecto de estas compañías en el tráfico y el uso del transporte público, algo sobre lo que apenas se ha hablado. Este silencio contrasta con el debate que actualmente se está viviendo en Estados Unidos, donde varios estudios han analizado esos impactos. En uno de ellos se concluía que compañías como Uber y Lyft en Nueva York habrían generado un incremento neto de 31 millones de viajes, 52 millones de viajeros y 600 millones de millas adicionales viajadas en tres años.
Este aumento del tráfico ha ido unido a un descenso generalizado en la utilización del transporte público. Aunque parte de esta caída puede deberse al auge de estas compañías, echarles toda la culpa sería injusto. También cubren rutas a las que no llega el transporte público, y ofrecen un servicio que muchos usuarios prefieren. No hay que olvidar que estos servicios se están prestando a unos precios muy competitivos, ya que Uber baja precios incluso hasta incurrir en pérdidas, en una guerra a muerte con Lyft por adquirir las cuotas de mercado que exigen sus modelos de negocio. De momento el consumidor gana, pero el transporte público lo nota en el bolsillo.
A diferencia de lo que sucede en EE UU, ciudades como Madrid y Barcelona han visto un incremento del número de viajeros en los servicios de autobús y metro urbano en los últimos cinco años. Por otra parte, el volumen de tráfico en las calles con más circulación en Barcelona cayó del 2011 al 2015. También lo hizo la intensidad media del tráfico en Madrid entre 2011 y 2016. Poca sorpresa si comparamos la presencia de compañías VTC en Madrid o Barcelona con la de ciudades como Nueva York, aunque llegar a conclusiones sobre el impacto de las VTC en España exige información más detallada.
La generación de información detallada es uno de los beneficios que precisamente podrían ofrecer las VTC –también los taxis– si ponen los datos a disposición de los ayuntamientos (algo por lo que siguen peleando ciudades en EE UU). Otros posibles beneficios son la explotación de servicios compartidos (car pooling) para favorecer un uso más eficiente de los vehículos o el incremento de las oportunidades de transporte para personas de movilidad reducida, edad avanzada o con necesidades médicas, como ya sucede en Estados Unidos. Para no renunciar a estos potenciales beneficios, una alternativa a la prohibición –o limitación extrema de licencias VTC– sería permitir su expansión progresiva, reduciendo sus potenciales externalidades negativas vía impuestos (como hicieron en Chicago, donde utilizan esos ingresos para financiar el transporte público).
Nuestros políticos de momento prefieren la vía restrictiva, al parecer más por presión política que por motivos de política pública. Si de algo nos sirve la experiencia de Estados Unidos es para concluir que negar los impactos negativos de las VTC sería caer en el error del optimismo tecnológico, pero prohibirlas sin aprovechar las oportunidades que ofrecen sería resignarse a lo que tenemos, por miedo a gestionar un futuro mejor.
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