El presidente no es sujeto de la justicia cotidiana. Por eso a pesar de la evidencia que tuvo una conducta criminal durante la campaña electoral del 2016, no puede ser enjuiciado. Sí puede ser sometido a un juicio de desafuero (impeachment). Esto depende de lo que suceda en la próxima elección de medio término (6 de noviembre) en que será renovada la Cámara baja en su totalidad y una tercera parte del Senado. Si los demócratas llegan a obtener mayoría en la Cámara de Representantes, la posibilidad de un impeachment será una gran sombra durante los dos últimos años de su primer cuatrienio.
El martes de esta semana fue un día negro para Trump. Dos cercamos colaboradores fueron encontrados culpables. Michael Cohen, su abogado y coyote (fixer) y Paul Manafort, presidente de su campaña electoral.
Cohen, claramente embarró a Trump: “actué de esa manera… con el propósito principal de influir en la elección”. Agregando, “en el verano de 2016, en coordinación, y bajo la dirección de, un candidato a la oficina federal, yo y el presidente de una empresa de medios de comunicación a petición del candidato trabajamos juntos para impedir que un individuo divulgara públicamente información que sería dañina para el candidato y la campaña”. En agosto de 2016 una modelo de Playboy, quien ya había vendido los derechos a un tabloide, recibió un pago de 150 mil dólares por los derechos. A escasas semanas de la elección, la estrella de porno mejor conocida como Stormy Daniels recibió un pago de 130 mil dólares.
La inmunidad del Ejecutivo en Estados Unidos ha sido un tema complejo de descifrar. En 1973, el subprocurador, Robert G. Dixon, encargado de la oficina de asesoría jurídica del Departamento de Justicia emitió un memorándum, dado a conocer un mes antes de la conocida “masacre del sábado por la noche”; el famoso 20 de octubre en el que el entonces presidente, Richard Nixon, ordenó el despido del fiscal independiente, Archibald Cox.
En su memorándum, Dixon concluyó que el presidente no debería de ser enjuiciado. Tal hecho “frustraría el funcionamiento de todo el aparato gubernamental, tanto en el exterior como en el interior”. A todas luces, el proceso mancharía la oficina símbolo y guía de la nación y sería “política y constitucionalmente un evento traumático” para el país.
Dos décadas después, en 1998, cuando se llevaba a cabo la investigación de Bill Clinton sobre sus andanzas con Mónica Lewinsky, se reafirmó el memorándum Dixon de 1973: el presidente no puede ser enjuiciado.
De la misma manera Trump no será enjuiciado, no obstante la evidencia de su actuación criminal durante la campaña.
Trump y su gobierno han atacado con vehemencia la actuación del fiscal especial Robert Mueller sobre la involucración rusa en la campaña electoral: “no es más que una cacería de brujas”. Pero el consenso en Washington es que las sentencias a Cohen y Manafort le complican a Trump correrlo. Incluso, una reciente encuesta de Fox News revela que 59 por ciento de los electores aprueban de la investigación, lo que significa un aumento de 11 puntos en relación al mes pasado.
Dado que el enjuiciamiento no es viable, el futuro de Trump se definirá en la próxima elección de medio término.
Un juicio de desafuero empieza en la Cámara de Representantes. Un legislador debe presentar una resolución para enjuiciar al presidente por cargos que impliquen “traición, soborno u otros altos crímenes o delitos menores”. De ser el caso, el recinto legislativo evaluaría los cargos y vota a favor o en contra del juicio. En caso de un voto favorable, el proceso se convertirá en un juicio en el Senado, que presidiría el jefe de la Corte Suprema. Al terminar el juicio, el Senado emite su voto para decidir el futuro del presidente. Para que el presidente sea destituido, se requieren un voto calificado de dos terceras partes. De ser destituido, el vicepresidente asume el cargo.
Para que este escenario sea viable, se requiere que los demócratas arrasen en las próximas elecciones de medio término. Los republicanos tienen mayoría en ambas cámaras. En la baja los republicanos aventajan por 36 curules y en el Senado sólo por una.
Las encuestas no son claras. Ambos, republicanos y demócratas tienen enormes incentivos. Los primeros porque Trump, a pesar de todos sus pesares y actos criminales, le ha cumplido con creces a sus base. Los demócratas porque están conscientes que Trump está acabando con todos los logros de Obama, como el derecho a la salud universal, la eficiencia energética y la marca Estados Unidos en el mundo.
El triunfo demócrata se ve difícil. No imposible. Generalmente son menos participativos que las huestes republicanas. Sin embargo, los odios que despierta Trump, me hacen sentir optimista.
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