New Trump Stronghold

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En Estados Unidos tanto o más importante que las elecciones intermedias de noviembre será la designación del próximo juez asociado (ministro) de la Suprema Corte. Con este nombramiento inevitable, Trump asegurará una Corte conservadora. La agenda política de ese país sufrirá un notable cambio y Trump tendrá cinco o seis aliados (el presidente Roberts batea de los dos lados: vota liberal o conservador) de los nueve integrantes de la Corte. La nueva composición será útil para Trump, especialmente si los republicanos pierden el Congreso y avanza la idea del impeachment en su contra.

Desde 1830, cuando Alexis de Tocqueville conoció el sistema estadounidense, había señalado que era difícil encontrar un asunto político que no se convirtiera en una cuestión judicial. Por eso durante la campaña política Trump-Hillary los demócratas advertían el riesgo, no solamente de perder la presidencia, sino de perder la agenda política. El asunto tiene una significación más ideológica que estrictamente política.

Se van a revisar cuestiones puntuales, pero más relevante será que la Suprema Corte se convierta en un bastión conservador y pierda con ello la legitimidad neutral que debe caracterizarla. Las cuestiones puntuales son varias: para las minorías afectará su derecho al voto, para los trabajadores su derecho a mejores salarios y condiciones laborales, para los consumidores su capacidad para defenderse de las corporaciones comerciales, para las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo. Se facilitará y reforzará la libertad y el derecho de comprar y vender armas, aun las diseñadas para ataques masivos, y vendrán leyes que discriminen a homosexuales, lesbianas y quienes tengan identidad transexual.

En esta semana se llevarán a cabo las audiencias para que el Senado confirme al nuevo integrante de la Corte. A pesar de las airadas protestas de grupos liberales en el Senado, se trata de una simulación política, pues desde la nominación del juez anterior, Neil Gorsuch, los republicanos modificaron las reglas para que una mayoría simple, con la que cuentan, pueda hacer la ratificación.

El nuevo juez asociado Brett Kavanaugh, el nominado por Trump, tiene 54 años y estará en la Suprema Corte de por vida, lo que asegura un asiento conservador más para los próximos 25 años cuando menos, en razón de la expectativa de vida de 78 años. La agenda conservadora quedará firmemente sostenida por cinco jueces asociados que la apuntalarán aún más.

Si los demócratas ganan mayorías en el Senado y en la Cámara de Representantes podrían intentar modificar algunas reglas. Podrían inspirarse en el constitucionalismo mexicano, que en materia de organización judicial puede dar orientaciones.

Por ejemplo, cancelar la regla de disponer del cargo de por vida. En México los ministros duran en su encargo 15 años. Podían pensar en algo similar y permitir que cada presidente nombre no más de dos jueces asociados en su gestión. Trump en menos de dos años ya lleva dos designaciones y seguramente tendrá a quien sustituya a la jueza liberal Ruth Bader Gingsbur por su avanzada edad. Otra medida podría ser aumentar el número de jueces asociados, como lo intentó fallidamente Franklin D. Roosevelt, que encontró la oposición de la corte conservadora a sus ideas del New Deal. Una más, modificar la regla de designación del presidente de la Suprema Corte. Al contrario de México en que los ministros nombran cada cuatro años a su presidente, de entre los ministros, en Estados Unidos el presidente nombra al presidente de la Suprema Corte de por vida y no necesariamente tiene que ser juez.

En México se hablará de la Suprema Corte mexicana tan pronto llegue el nuevo gobierno. El presidente Luis María Aguilar concluye su periodo y los ministros designarán a un nuevo presidente. La incógnita es si será un ministro “de afuera” o un integrante de la carrera judicial, lo que casi significa si será un ministro liberal o un conservador. El año próximo el presidente Andrés Manuel López Obrador tendrá que pensar en seis juristas para enviar dos ternas al Senado. Los ministros Margarita Luna Ramos y José Ramón Cossío concluyen su periodo.

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