La gravedad de las acusaciones contra Donald Trump y sobre la estrategia desarrollada por este para llegar a la Casa Blanca aumenta día a día tanto por la calificación legal de los hechos como por la relevancia en la trama de quienes las desvelan. Mientras, Trump, en vez de dar las debidas explicaciones, sigue contestando a los hechos con chistes facilones a través de las redes sociales causando así un tremendo desprestigio a la primera magistratura de Estados Unidos.
Particularmente importante va a resultar con vistas al futuro el testimonio de quien fuera abogado del magnate neoyorquino y hombre de su absoluta confianza, Michael Cohen. Este se personó el martes en las oficinas del FBI en Nueva York para declararse culpable de financiación ilegal de la campaña de Trump asegurando que todo se hizo bajo las órdenes del candidato.
Hay que subrayar que Cohen no es uno más en el círculo de amistades de Trump ni alguien ajeno al mundo legal. Ha sido su letrado personal y durante mucho tiempo fue considerada la persona más leal al empresario fuera de la familia. Cohen es perfectamente consciente de lo que supone el delito federal del que se ha declarado culpable y en el que ha implicado al presidente y, hasta hace poco, hombre por el que se declaraba dispuesto “a recibir una bala”.
La acusación supone un importante salto cualitativo desde el punto de vista legal. No se trata ya de un escándalo político por el hecho de que Trump, siendo candidato, ordenara el pago de un total de 280.000 dólares a dos mujeres para que estas no relataran que habían mantenido relaciones sexuales con el magnate. Lo que Cohen ha revelado ahora es que para los pagos de esos sobornos se utilizaron facturas falsas que se hicieron pasar como gastos de la campaña electoral. Es decir, que el mismo político que constantemente acusa de deshonestidad a quienes defienden posiciones en su contra no ha tenido reparos en falsificar la contabilidad oficial y desviar dinero para tapar un escándalo personal que podía perjudicarle en su ambición política.
Por si esto fuera poco para el vapuleado prestigio del mandatario estadounidense, mientras Cohen testificaba contra él, un tribunal condenaba a su exjefe de campaña Paul Manafort por ocho delitos de fraude. Es cierto que estos delitos no están relacionados con el presidente, pero ofrecen un ejemplo significativo del cenagoso concepto que tienen sobre la ley y el dinero algunas de las personas de su máxima confianza. La investigación contra Manafort —a quien un fiscal especial acusaba de un total de 18 delitos— comenzó en el marco de la trama rusa para influir en las elecciones presidenciales ganadas por Trump, un asunto sobre el que tampoco ha dado hasta el momento explicaciones satisfactorias.
A la vista de los hechos que se investigan no es descartable que Trump comience a ser llamado a declarar ante diferentes instancias judiciales. Y eso sin contar los exabruptos y situaciones de enfrentamiento que puede causar el presidente y a los que ya ha recurrido tanto en política interior como en las relaciones exteriores de EE UU. Los hechos demuestran que quien llegó a la Casa Blanca bajo el lema “América primero” en realidad hace tiempo que se colocó a sí mismo por encima de todo y de todos.
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