Wall on the Border

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El viernes 15 de febrero el presidente Donald Trump declaró una Emergencia Nacional con la intención de aumentar el financiamiento para el reforzamiento y extensión de un muro en la frontera con México. Por ese medio pretende reasignar ocho mil millones de dólares del presupuesto militar. Se trata de la continuación de un ardid electoral, que le rindió frutos en las elecciones presidenciales del 2016, en que se ha hecho prevalecer el miserable discurso de temor a lo ajeno y fomentado una visión aislacionista.

Como sabemos, uno de los ejes principales de la campaña de Trump a la presidencia en 2016 fue la oferta de construir un muro con longitud de 3 mil doscientos kilómetros en la frontera con México. Después matizó su promesa y ofreció reforzar o construir sólo la mitad de esa longitud (mil seiscientos km), pues el resto, se dijo, ya estaba resguardado por obstáculos naturales (montañas y ríos).

De acuerdo con datos de la BBC, antes de la presidencia de Trump, existían poco más de mil kilómetros de barreras a lo largo de la frontera norte de México. De ellos, 570 km son cercos construidos para controlar o inhibir el paso de peatones y 483 para fiscalizar el paso de vehículos. La mayor parte de esas barreras corre a lo largo de la frontera con los estados de California, Arizona y Nuevo México. Si consideramos los cercos ya construidos más las barreras naturales, la longitud del nuevo muro, por construir, sería de 600 kilómetros.

Sin embargo, a pesar de que desde la toma de posesión de Trump el Congreso ha aprobado mil setecientos millones de dólares, para extender o renovar 200 kilómetros de muro, sólo se han renovado algunas secciones, pero no se han extendido las barreras actuales. De hecho, sólo 64 km están en proceso de renovación. Está previsto iniciar la edificación de la primera extensión, de 23 km, en este mes en el Valle de Río Grande, Texas.

La estimación del costo de la extensión y reforzamiento del muro es muy amplia. Desde el anuncio de Trump, en 2017, de que costaría entre 8 y 12 mil millones de dólares, hasta la ponderada por el Departamento de Seguridad Interior en alrededor de 25 mil millones de dólares.

Por otra parte, basa su declaratoria en dos postulados falaces adicionales: extender las barreras permitiría, sostiene, detener el flujo de drogas y adelgazar la migración de criminales a través de la frontera.

En lo relativo al flujo de drogas, Trump ha dicho que el 90 por ciento de la droga atraviesa la frontera. Sin embargo, de acuerdo con datos de la DEA, en 2017, sólo el 39 por ciento de la heroína fue asegurada en la frontera. Es decir, sólo un pequeño porcentaje del aseguramiento ocurrió en los puntos en los que existen barreras, o se propone que existan. La DEA asegura que el mayor volumen de droga cruza por puntos de entrada legales. Es decir, el reforzamiento y ampliación del muro tendría un efecto mínimo en la contención del tráfico de drogas.

En lo que se refiere a la migración, datos oficiales muestran que el número de aprehensiones en la frontera ha tenido un declive sustancial a partir del año 2000. En ese año el número de detenciones fue de un millón seiscientas mil personas, mientras que en 2018 fue de menos de 400 mil.

Por otra parte, cifras oficiales de los Estados Unidos indican que una elevada proporción de la migración ilegal proviene de quienes originalmente poseen una visa. A principios de 2018 más de 700 mil personas que entraron legalmente a los Estados Unidos incumplieron su periodo de estancia. El mayor número (100 mil) son de Canadá; seguidos, lejanamente, de México (50 mil), Brasil y China (poco menos de 40 mil). Es decir, la migración ilegal tiene su mejor aliada en la violación de las condiciones de la migración legal (temporal). Por lo que el reforzamiento del muro tampoco detendría esa migración ilegal.

A pesar de la continua y vigorosa propaganda del presidente Trump, la mayoría de los estadunidenses (58 por ciento) se opone a la expansión del muro, mientras un 40 por ciento la apoya -de acuerdo con resultados de una encuesta de Pew Research Center.

Frente a esa declaratoria, la fracción demócrata en el Congreso ha anunciado su oposición a la medida y la ha impugnado por diversas vías. En tanto, el gobernador y el fiscal, respectivamente, de los Estados de California y Nueva York han informado que se opondrán legalmente a la medida. De ser ese el caso, la última palabra la tendría la Corte Suprema (con aparente mayoría favorable a Trump).

A pesar del origen y naturaleza electoral de la medida, existe el riesgo de que ésta tenga consecuencias nocivas para la economía de los estados en ambos lados de la frontera y para ambos países. No hay que olvidar que dos economías estatales (California y Texas), que son pilares del conjunto de la economía norteamericana, se benefician sensiblemente del intercambio fronterizo.

Ello explica, por otra parte, que, en algunas ciudades, como el Paso, Texas, no sea despreciable el movimiento civil contrario al muro.