El nuevo modelo migratorio de Estados Unidos para México llega a su primer examen de 45 días para reducir los flujos irregulares hacia su país. El juego de la intimidación vuelve a dar resultado en temas que preocupan al electorado estadunidense. En el pasado, la “guerra” contra las drogas trajo mecanismos como la certificación para calificar y sancionar la cooperación, pero resultó inútil para combatir el narcotráfico. El esquema se parece mucho, aunque una diferencia importante es que las “listas negras” se apoyaban al menos en la Ley contra el de Abuso de Drogas de 1986, mientras que ahora sólo descansa en un acuerdo entre gobiernos vigente, al menos, hasta la reelección de Trump.
La nota será aprobatoria, incluso sobresaliente, después de que Trump agradeciera al gobierno mexicano “por hacer un gran trabajo al desplegar 21,000 soldados a lo largo de la línea divisoria: ¡No esperábamos tanto!”. A diferencia de la vieja certificación antidrogas, Trump no está obligado a presentar un informe en el Congreso para continuar con la presión por un tercer país seguro para contener la migración. Le basta con una declaración unilateral para juzgar discrecionalmente la cooperación del vecino antes de cargar con amenazas comerciales. Por lo demás, un ejemplo de los márgenes del poder de su liderazgo frente a los controles institucionales, especialmente si sirven a su oferta electoral de sacar del país a migrantes por miles… Muro fronterizo, redadas, cancelación del asilo.
La intimidación funcionó en el caso de México y el país se convierte en la práctica en tercer país seguro, aun sin mayor discusión legislativa sobre el impacto en derechos humanos y la sostenibilidad de las medidas acordadas en junio pasado por ambos gobiernos. Acaso, algunas voces discordantes en el plano declarativo como Muñoz Ledo para reconocer ese nuevo estatus con la promulgación esta semana de una ley estadunidense que limita el derecho al asilo. Dadas las enseñanzas de la lucha antidroga, la discusión del modelo migratorio no puede reducirse al aplauso del gobierno por los males que evitó al aceptar “el acuerdo” como salvación de la patria.
Los éxitos de Trump no son los del gobierno mexicano en el tema migratorio porque, igual que con la “guerra contra las drogas”, las respuestas simples a problemas complejos no llevan a ningún lugar más que a elevar costos. La persecución y criminalización no van a hacer que la inmigración desaparezca y, en cambio, dejarán una crisis humanitaria. México siempre dio aprobatorio en la certificación antidroga, pero el proceso nunca ayudó a reducir el narcotráfico y la guerra dejó una crisis de derechos humanos.
La calificación antidroga se eliminó en 2002 cuando el terrorismo desplazó a los cárteles de la droga como la principal amenaza para los electores estadunidenses y su gobierno la convirtió en prioridad de su política de seguridad. Pero en cambio, la guerra antidrogas abrió en México el periodo más violento de su historia moderna. Precisamente, la Unión Europea ha reprobado el uso de las Fuerzas Armadas en la contención migratoria en México por los riesgos a los derechos humanos y a la dignidad de los migrantes, pero sus críticas son más débiles que con otros temas porque en sus países también lo que se escucha es “cerrar fronteras” y establecer fuera de ellas esquema de tercer país seguro.
Son reconocidas las motivaciones electorales de la política antiinmigrante de Trump, pero poco se debate sobre su sostenibilidad en el largo plazo. México ha hecho la tarea en el primer mes y medio del acuerdo: se incrementaron las deportaciones en más de 50% entre mayo y julio de 14,000 a 22,000 migrantes, con la entrada de la Guardia Nacional. Las detenciones en la frontera con EU cayeron un 30% y más de 20,000 migrantes esperan en México respuesta a solicitud de asilo de EU, que puede tardar hasta tres años. Pero ¿cuánto tiempo puede sostener el esfuerzo antes de que la represión favorezca la xenofobia, el odio y la violencia hacia los migrantes?
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