Nobody doubts that in the last presidential campaign, President Donald Trump won the election in good part because of his ability to divide and polarize his voters, centering the debate around the issue of illegal immigration and its effects on the U.S., from his perspective.
It was at that time that he railed indiscriminately against Mexicans with a series of adjectives that are not worth repeating. In any case, he also proposed to build a wall on the U.S.-Mexico border, at the expense of Mexican taxpayers, in order to stop immigration from the south.
Nearly three years have passed since the speech that launched his campaign, and soon the electoral process will start again, this time replacing or reelecting the president and a good part of Congress. Given the above, it’s worth asking if Trump’s campaign promises turned into concrete actions. Let’s see.
The wall has not been built, but for the 2019 fiscal year, the president urged Congress to authorize $5.7 billion, of which only $1.3 billion was approved. In order to make up the remainder. Trump exerted presidential power to use funds that were originally intended for military and anti-drug trafficking purposes, close to $6.7 billion. According to wide-ranging reporting by the media, construction of the wall is to begin this October, financed with U.S. taxes for now. It is interesting to note the coincidence of Trump’s campaign launch with the start of construction on the wall.
Almost from the beginning of his administration, Trump has initiated several migration programs which have increasingly tightened the rules and public policy for immigrants with and without documentation. Accordingly, the administration implemented a zero tolerance policy, which allowed the separation of entire families that were arrested and deported. As part of the policy, minors were placed in shelters where there weren’t minimum standards of protection for their health and well-being. This program was so controversial and criticized that it was recently ended.
Recently, Trump took executive action to terminate the Flores agreement, a doctrine that established time constraints so that immigrants in this country without documentation would not spend more time than is strictly necessary in a detention center before their deportation hearing. In this case, I understand that there are various social activists and nongovernmental organizations that will question this action, which they believe is unconstitutional. And of course, due process under the American constitutional system provides for procedural safeguards available to all people so that they can have confidence and certainty in any judgment, that is, if human rights and justice mean anything at all.
Nadie pone en duda que en la campaña anterior, el presidente Trump ganó la elección en buena medida por su capacidad para polarizar y dividir a su electorado, al haber puesto en el centro del debate, el tema de la migración no documentada y los efectos generados en los EU, desde su perspectiva.
Fue en aquel momento que aprovechó para referirse genéricamente en contra de los mexicanos con una serie de adjetivos que no vale la pena repetirlos. Como sea, también fue la ocasión en que propuso la construcción de un muro en la frontera con México, con cargo a los contribuyentes mexicanos para supuestamente evitar la migración del sur.
De aquel discurso de campaña, han pasado casi 3 años y en breve iniciaran de nueva cuenta los procesos electorales, para renovar o reelegir al presidente y una buena parte del Congreso. Ante dicho escenario, vale la pena preguntar, sí, los discursos de campaña se convirtieron en acciones concretas. Veamos.
El muro no se ha construido, pero para el ejercicio presupuestal de este año fiscal 2019, el presidente pidió al Congreso le autorizaran 5,700 millones de dólares, de los que únicamente le aprobaron 1,375 millones. Para resolver su déficit y en uso de sus facultades, decidió hacerse de otros fondos que estaban destinados originalmente a otros rubros en materia militar y de lucha contra el narcotráfico, cercanos a los 6,700 millones de dólares. Según diversa información de los medios de comunicación, el muro iniciara su construcción en octubre de este año, por lo pronto con recursos de los contribuyentes norteamericanos. Interesante la coincidencia de comenzar su campaña con la construcción del muro.
Casi desde que empezó su administración, también dio inicio a diversos programas en materia migratoria, en donde hay una constante, el endurecimiento de criterios y políticas públicas en favor de los migrantes documentados y no documentados. Es así como se implementó el programa cero tolerancia, el cual permitía la separación de familias enteras en caso de ser detenidos y deportados, incluyendo a menores de edad, que eran depositados en albergues en donde no había condiciones mínimas de protección en su salud y bienestar. Fue tan polémico y criticado este programa, que dejo de funcionar recientemente.
En fechas recientes, por medio de una acción ejecutiva, decidió dar por terminado el acuerdo Flores, una doctrina que establecía limitación de tiempos, para que un migrante no documentado, no pasará más tiempo del estrictamente necesario en un centro de detención, para poder enfrentar su juicio de deportación. En este caso, entiendo que hay diversos activistas sociales y ONG´s, que intentarán controvertir esta acción que consideran es inconstitucional. Y claro, el debido proceso de ley que tiene el sistema constitucional norteamericano, prevé garantías procesales en favor de toda persona, para que tenga certeza y no incertidumbre en cualquier juicio, claro si es que también los derechos humanos y la justicia tienen algún significado.
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