Nadie pone en duda que en la campaña anterior, el presidente Trump ganó la elección en buena medida por su capacidad para polarizar y dividir a su electorado, al haber puesto en el centro del debate, el tema de la migración no documentada y los efectos generados en los EU, desde su perspectiva.
Fue en aquel momento que aprovechó para referirse genéricamente en contra de los mexicanos con una serie de adjetivos que no vale la pena repetirlos. Como sea, también fue la ocasión en que propuso la construcción de un muro en la frontera con México, con cargo a los contribuyentes mexicanos para supuestamente evitar la migración del sur.
De aquel discurso de campaña, han pasado casi 3 años y en breve iniciaran de nueva cuenta los procesos electorales, para renovar o reelegir al presidente y una buena parte del Congreso. Ante dicho escenario, vale la pena preguntar, sí, los discursos de campaña se convirtieron en acciones concretas. Veamos.
El muro no se ha construido, pero para el ejercicio presupuestal de este año fiscal 2019, el presidente pidió al Congreso le autorizaran 5,700 millones de dólares, de los que únicamente le aprobaron 1,375 millones. Para resolver su déficit y en uso de sus facultades, decidió hacerse de otros fondos que estaban destinados originalmente a otros rubros en materia militar y de lucha contra el narcotráfico, cercanos a los 6,700 millones de dólares. Según diversa información de los medios de comunicación, el muro iniciara su construcción en octubre de este año, por lo pronto con recursos de los contribuyentes norteamericanos. Interesante la coincidencia de comenzar su campaña con la construcción del muro.
Casi desde que empezó su administración, también dio inicio a diversos programas en materia migratoria, en donde hay una constante, el endurecimiento de criterios y políticas públicas en favor de los migrantes documentados y no documentados. Es así como se implementó el programa cero tolerancia, el cual permitía la separación de familias enteras en caso de ser detenidos y deportados, incluyendo a menores de edad, que eran depositados en albergues en donde no había condiciones mínimas de protección en su salud y bienestar. Fue tan polémico y criticado este programa, que dejo de funcionar recientemente.
En fechas recientes, por medio de una acción ejecutiva, decidió dar por terminado el acuerdo Flores, una doctrina que establecía limitación de tiempos, para que un migrante no documentado, no pasará más tiempo del estrictamente necesario en un centro de detención, para poder enfrentar su juicio de deportación. En este caso, entiendo que hay diversos activistas sociales y ONG´s, que intentarán controvertir esta acción que consideran es inconstitucional. Y claro, el debido proceso de ley que tiene el sistema constitucional norteamericano, prevé garantías procesales en favor de toda persona, para que tenga certeza y no incertidumbre en cualquier juicio, claro si es que también los derechos humanos y la justicia tienen algún significado.
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