The American Commitment to Colombia

April 17, 2020

Published in Analitica
(Venezuela) on 4 April 2020
by Beatriz de Majo (link to original link to original)

Translated from by Jane Vogel. Edited by Patricia Simoni.

Historically, the country next door has been one of the most important military allies in this region for the United States, if not the most important. It is fitting then to ask what role Bogotá will be called on to play in the offensive the U.S. is preparing in order to disband terrorism and narcotics trafficking in the area. This also directly relates to disabling Nicolas Maduro’s autocratic regime.

The history of Colombia has much to teach us on this matter. Throughout the first and second decades of this century, Presidents Bill Clinton and George W. Bush included as a regional military priority the detailed monitoring of activities linked to terrorism and drugs in Colombia. This is because it is the perception in the north that both issues affect regional security. The U.S. is particularly concerned about how these distortions threaten it directly.

Beginning in 1998, former Colombian President Andres Pastrana promoted a peace agreement with the Revolutionary Armed Forces of Colombia, also known as FARC, which demilitarized El Caguan, a region the size of Switzerland. Washington anticipated what would happen in that zone, a traditional sanctuary for FARC. The guerrillas used the freedom to strengthen their firepower and their control by force of the rural population, and meanwhile, became powerful in the parallel drug business. The U.S., for its part, discretely but efficiently beefed up the Colombian armed forces in other areas of the country, thanks to governmental cooperation agreements.

Since then, the U.S. military presence in Colombia has been constant. Regarding the New Granada territory,* there has been talk of approximately seven military bases and multiple quasi-bases. According to the press, in 2012 the U.S. Air Force owned 51 buildings outright and leased another 24 properties from which it supported the governments in office. The military offensive orchestrated by Alvaro Uribe under his Democratic Security policy was supported in collaboration with U.S. and Israeli military intelligence.

By the time peace negotiations were underway between insurgents and the government of Juan Manuel Santos between 2012 and 2016, it was already clear that a third element was driving such criminal and destabilizing activities in the region: the Venezuelan revolutionary government. Its presence in Havana’s prenegotiation planning was decisive in the signing of the peace accords, even if no one openly acknowledged it. What happened afterward demanded major American vigilance in Colombia. It was not just FARC that continued its usual activities through a new branch created by internal disagreements. The National Liberation Army also used the Santos period to bolster its territorial presence in Venezuela, assisted by agents from the Bolivarian Revolution, which turned them into a violent armed core with undeniable interests in the drug trade and in the exploitation and sale of Venezuelan gold.

Since September 2019, the return to arms by the Colombian terrorists, who had announced their disagreement with FARC with great fanfare, added reinforcement to American watchfulness , ongoing since time immemorial, over the actions of armed insurgents.

And so we arrive at the present moment. The military scrutiny that the U.S. has maintained over the Colombian-Venezuelan axis has allowed it to gain an in-depth understanding of the binational reality, to manage inside information and to provide the straw man it has just erected to justify the blockade of Venezuela.

For the time being, while the current American president has publicly announced a strategic offensive against Maduro’s autocratic government and authorized an unprecedented mobilization of U.S. Armed Forces in the Caribbean, it is time to ask how or whether Colombia will contribute to these military initiatives within the region.

In order to join the U.S. military cause, Colombia requires authorization from its congress. Its hands are tied in that area, but that has not stopped it from supporting the consistent American proposal to allow a democratic solution for Venezuela involving all political forces.

In the event that military action escalates, will Bogota contribute? It honestly doesn’t matter. Its part of the job is already done. It is because of the interaction and collaboration with all past Colombian governments that the American prosecutor has been able to begin exerting decisive influence ejecting of the current dictator in Venezuela.

*Translator's note: New Granada was the name of the territory made up mostly of what is now known as Colombia until 1858.

Compromiso americano con Colombia
Beatriz de Majo 4 abril, 2020

El país vecino ha sido históricamente uno de los aliados militares más importantes de los EEUU en la región, si no el mayor. Cabe entonces preguntarse cuál rol estará llamado a jugar Bogotá en la ofensiva que los Estados Unidos tiene preparada para desactivar el terrorismo y el narcotráfico en la zona, lo que, además, tiene una relación directa con la desactivación del régimen usurpador de Nicolás Maduro en Venezuela.
La Historia colombiana tiene mucho que enseñarnos en este terreno. A lo largo de la primera y la segunda década de este siglo, los presidentes Bill Clinton y Georges Bush ya habían hecho entrar dentro de sus prioridades militares regionales el seguimiento detallado de la dinámica de los eventos vinculados con terrorismo y droga en el país colombiano. Ello obedecía a la percepción en el norte de que ambos temas afectaban la seguridad regional. Les inquietaba particularmente la manera en que tales distorsiones les amenazaban de manera directa.
El presidente Andrés Pastrana desde 1998 propició un acercamiento hacia la paz con las FARC, para lo cual desmilitarizó El Caguán, una región del tamaño de Suiza.
Washington anticipó lo que ocurriría en esa zona, santuario tradicional de las FARC. La guerrilla utilizó la libertad de que disponía para fortalecer su capacidad de fuego y de manejo, por la fuerza, de la población no urbana y, al propio tiempo, se hicieron fuertes en el negocio paralelo de la droga. Los Estados Unidos, por su lado, se involucraron discreta pero eficientemente, en robustecer las Fuerzas Armadas del país colombiano en otras de sus regiones gracias a acuerdos gubernamentales de cooperación.
De entonces a esta parte la presencia militar de Estados Unidos en territorio colombiano ha sido una constante. Se ha hablado de unas 7 bases militares en el territorio neogranadino y otras tantas cuasi bases. La realidad reseñada por la prensa es que en 2012 la Fuerza aérea gringa disponía de 51 edificios propios más 24 propiedades arrendadas desde las cuales apoyaba a los gobiernos de turno. La ofensiva militar orquestada por Alvaro Uribe dentro de su política de Seguridad Democrática se apoyó en la colaboración con la inteligencia militar gringa e israelí.
Para el momento en que tuvieron lugar las conversaciones de paz entre los insurgentes y el gobierno de Juan Manuel Santos, entre 2012 y 2016, ya era claro que un tercer elemento estaba motorizando tales actividades delictivas y desestabilizadoras de la región: era el gobierno revolucionario venezolano. Su presencia en las tratativas de La Habana fue determinante en la firma de los acuerdos de paz aunque nadie lo reconociera abiertamente. Y lo que siguió después exigió una mayor vigilancia norteamericana sobre el territorio neogranadino: no solo las FARC siguieron actuando a su guisa sobre suelo vecino a través de un nuevo brazo conformado por su propia disidencia, sino que el ELN utilizó todo el periodo de Santos para hacerse de una presencia territorial muy importante en Venezuela con ayuda de agentes de la Revolución bolivariana, lo que los convirtió en un eje armado muy violento y con intereses irrenunciables en el narco-negocio y en la explotación y comercio del oro venezolano.
Desde el mes de septiembre del año pasado la vuelta a las armas de los terroristas de Colombia, lo que fue anunciado con gran fanfarria por parte de la disidencia des FARC, reforzó aún más la vigilancia que los Estados Unidos venían ejerciendo desde tiempos inmemoriales sobre las actuaciones de los alzados en armas.
Y así llegamos al momento actual. La lupa militar que Norteamérica ha sostenido sobre el eje colombo venezolano, le ha permitido conocer en profundidad la realidad binacional, manejar información privilegiada y armar el muñeco que acaban de ponernos en frente para justificar el bloqueo de Venezuela.
Para el momento presente, en que ya el propio mandatario americano es quien ha anunciado de viva voz una ofensiva estratégica contra el gobierno usurpador de Nicolás Maduro y se autoriza una movilización sin precedentes hacia las aguas caribeñas por parte de la armada norteamericana, toca preguntarse cuanto colaborará o si colaborará Colombia en el desarrollo de las iniciativas de corte militar que se emprendan en la región.
Para poder hacer causa común en lo militar con los Estados Unidos, Colombia requiere de una autorización del Congreso. En ese terreno están atados de manos, pero eso no ha impedido que le otorguen soporte a la propuesta estadounidense consistente darle paso a una salida democrática para el país que involucre a todas las fuerzas políticas.
¿Colaborará Bogotá en el caso de que las acciones militares se acentúen? La verdad no importa. Su parte del trabajo ya está hecho. Es de la interacción y de la colaboración con todos los pasados gobiernos colombianos que la Fiscalía Norteamericana ha podido iniciar un proceso de un peso decisivo en la eyección del actual régimen usurpador en Venezuela.

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