The United States, Toward Presidentialism

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Estados Unidos, hacia el presidencialismo

Como mandatario, Trump es aún más renuente a permitir un escrutinio público de sus cuentas

¿Los presidentes de Estados Unidos están sujetos a las leyes como el resto de los estadounidenses o por su posición se encuentran por encima?

Hace tres años se hubiera respondido no, sin duda.

Pero ahora…

Las leyes penales, dicen los abogados del presidente Donald Trump, son para los estadounidenses comunes.

“El Presidente no debe ser tratado como un ciudadano común”, dijo el abogado de Trump, Jay Sekulow, ante la Suprema Corte de Justicia. Y, por lo tanto, agregó: “un proceso criminal dirigido al Presidente es una violación de la Constitución“.

El pleito es simple: el presidente Trump trata de bloquear peticiones del fiscal de distrito de Nueva York y de la Cámara de Representantes de EU para examinar los registros financieros personales y de la Organización Trump, en poder de una firma contable y un banco que utilizó antes de llegar al puesto.

Se trata de tres casos separados, conjuntados para alegatos: en dos de ellos, comités de la Cámara de Representantes —controlada por la oposición demócrata— pidieron que los bancos privados de Trump entreguen sus registros financieros, incluso las declaraciones de impuestos, y en el tercero, el fiscal de distrito de Nueva York (Manhattan) entregó una citación del gran jurado a una de las firmas financieras de Trump, como parte de una investigación criminal sobre pagos ilegales a dos mujeres con las que Trump supuestamente tuvo relaciones.

Pero aunque no demandado directamente, Trump intentó bloquearlas.

No es que haya sido nuevo. Hace años, desde que era un empresario de bienes raíces en Nueva York, que Trump trata de evitar revelaciones sobre su maraña de intereses, en parte —dicen algunos— porque su riqueza es sensiblemente menor de lo que presume.

Y ahora, como mandatario, es aún más renuente a permitir un escrutinio público de sus cuentas. Y menos cuando está en pleno año electoral, en busca de la reelección y quienes piden sus registros son precisamente sus adversarios, los demócratas.

El alegato fundamental del mandatario y sus abogados es que el Presidente no puede ser investigado y sometido a juicio mientras esté en el puesto. En otras palabras, que tiene una inmunidad casi total.

Se espera que haya una determinación en el verano de este año, pero también que sea una decisión dividida que sin entregar a Trump el fuero absoluto que demanda, cuestione las razones políticas y electorales que pudieran motivar a los acusadores.

De cualquier manera, puede tener un impacto considerable en un país que nació con un sistema parlamentario fuerte, un aparato judicial independiente, y un Poder Ejecutivo con obligaciones y derechos relativamente vagos, pero que al paso de los años se ha fortalecido, a costa de los otros, gracias al crecimiento del aparato administrativo y de temas de seguridad nacional que no se contemplaban hace 225 años.

Tal vez Trump no logre lo que quiere, pero el presidencialismo está al alza.