Colaboración federal en ciudades de EEUU: ¿prioridades diferenciadas?
La coyuntura política -electoral en Estados Unidos se caracteriza por la reciente iniciativa gubernamental de enviar fuerzas federales a algunas ciudades como Chicago, Albuquerque, Nueva York y Filadelfia, para “ayudar a combatir el aumento de la delincuencia”, como sucedió en el caso de Portland, en donde se mantiene la tensión política-racial. Para el caso mexicano sería una propuesta normal considerando la alta incidencia delictiva y la necesidad de apoyo federal. Sin embargo, en Estados Unidos es una propuesta polémica, dado que puede cuestionar principios constitucionales; además, la mayor parte de las ciudades en referencia son gobernadas por demócratas y las acciones de violencia están asociadas en mayor medida a manifestaciones tras la muerte del afroamericano George Floyd el pasado el 1 de junio de 2020, por lo cual se vinculan a demandas en pro de derechos civiles.
El gobierno federal pretende movilizar a al menos 100 oficiales del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional, que generalmente realizan investigaciones de tráfico de drogas y explotación infantil, además de personal del FBI, del Servicio de Mariscales y de la Agencia de Control de Bebidas Alcohólicas, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF. Otro antecedente fue cuando el Ejecutivo pretendió utilizar a los militares para disuadir a los manifestantes.
El tema de la participación federal en las ciudades ha sido polémico en Estados Unidos, por la coyuntura electoral y los antecedentes recientes de discriminación racial. Por ello, los desafíos gubernamentales, son distinguir entre violencia delictiva y manifestaciones sociales; fortalecer la concurrencia federal en los casos que proceda, por ejemplo, seguridad fronteriza. En este caso, esta coordinación es fundamental para las ciudades fronterizas estadounidenses, dado que el cierre de la frontera fue aduciendo riesgos de contagio de los migrantes del Centro de Enfermedades Contagiosas (CDC). Con este criterio, la frontera con México ha estado cerrada desde marzo – y todo indicaría que puede continuar hasta septiembre – a turistas mexicanos en una temporada vacacional, lo cual está afectando el crecimiento comercial del lado fronterizo estadounidense. En este caso la negociación, concurrencia y planificación conjunta en materia de salud, economía y comercio fronterizo con el gobierno federal es clave, tanto por razones económicas y electorales. Un cierre de las fronteras con México y Canadá bajo un contexto electoral y con los evidentes efectos económicos, no sería muy benéfico al partido republicano.
Por ello se reitera la relevancia de la colaboración binacional y transfronteriza en materia de salud, muy exitosa en el 2009 con la gripe H1N1 y ahora muy limitada en materia de planificación y coordinación conjunta contra el Covid-19. Lo cual es una de las razones –entre otras- que explicaría la alta incidencia de personas contagiadas del lado fronterizo estadunidense (968,43 al 24 de julio). De esta manera en la frontera sur se concentraría cerca del 24 % del total de contagios a nivel nacional (4, 176,416). En donde uno de los factores de contagio serían los cerca de 250 mil transmigrantes laborales que cruzan habitualmente a trabajar a Estados Unidos y regresan a México, al igual que los turistas estadounidenses que siguen cruzando hacia México desde marzo pasado, con protocolos sanitarios transfronterizos limitados. El futuro económico de la frontera México- Estados Unidos en el corto plazo dependerá de fortalecer la colaboración transfronteriza en salud. Con ello también las cadenas de valor se verían beneficiadas con una frontera segura.
Otro caso polémico de colaboración federal fue con las ciudades santuario –donde se concentran la mayor parte de la población migrante irregular-. Recientemente -15 junio 2020- ha terminado un litigio judicial, con la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos al dejar vigentes las normas en el estado de California que prohíben a la policía ayudar a las autoridades de inmigración a detener indocumentados. Con lo cual los arrestos y detenciones de inmigrantes es una exclusiva competencia federal. De esta manera se reafirmó que el Gobierno federal, y no California, el que tiene el derecho “de establecer las condiciones bajo las cuales los extranjeros en este país pueden ser detenidos, liberados y expulsados” del país. La demanda del Gobierno federal se dirigía contra la ley SB 54, conocida como la “Ley de Valores” que el estado de California aprobó en 2017 para proteger a los inmigrantes y que a juicio del Ejecutivo federal violaba la Constitución porque trataba de prevalecer sobre la legislación federal. Por este debate legal que duro cerca de tres años, no se han dado expulsiones masivas de migrantes hacia México.
En suma, los litigios para mantener los equilibrios de poderes siguen marcando la pauta de la democracia estadounidense en el marco de la pandemia.
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