La Comisión Europea ha anunciado la apertura de una investigación a Amazon por supuesto abuso de posición dominante en el mercado. Se añade a otras pasadas en las que ha examinado el comportamiento comercial de los gigantes tecnológicos y digitales norteamericanos. Al margen de las cuestiones técnicas que suscitan, estos procedimientos han ido acompañados de debates tachados recurrentemente de ideológicos y han llegado a enfrentar a las autoridades y círculos académicos de la UE y Estados Unidos.
Disfrutar de una posición de dominio en el mercado no es ilegal en sí mismo. Solo el abuso de dicha posición es punible conforme al Tratado. Ahora bien, lo que constituye un abuso no aparece definido ni en esta norma europea ni tampoco en la equivalente norteamericana. Ello hace que, sin perjuicio del control de los tribunales, las autoridades de Bruselas y de Washington disfruten de un margen de apreciación a la hora de definir sus respectivas políticas de competencia y de sancionar, por consiguiente, las conductas que estimen abusivas.
El problema es que lo que ha de considerarse como una conducta abusiva es con frecuencia discutible. Implica valorar de antemano qué tipo de competencia se desea primar en el mercado, así como los objetivos que ha de satisfacer. En EE UU, por ejemplo, ha prevalecido el entender según el cual las normas de competencia deben orientarse exclusivamente a mejorar el bienestar de los consumidores, sin tener en consideración forzosamente la suerte de los competidores. En cambio, la UE ha sido tradicionalmente más sensible a la necesidad de garantizar el mayor número posible de rivales en el mercado a fin de evitar la concentración económica. Los riesgos pasan o bien por dejar impunes conductas que favorecen la monopolización o por penalizar el disfrute de una posición dominante alcanzada por méritos propios.
Las big tech norteamericanas, como Google, Facebook y Amazon, han llevado el debate anterior al extremo. Todas ellas parten de una idea innovadora y de una inversión posterior costosa, que nadie sugeriría desincentivar. Además, gustan y son utilizadas por millones de usuarios. Sin embargo, sus prácticas comerciales, basadas en sus algoritmos y plataformas, pueden favorecer la expulsión de competidores o impedir la entrada de otros nuevos. A su vez, la concentración económica puede generar condiciones indeseables para los consumidores, en términos de falta de variedad, desarrollo e, incluso, privacidad. En este contexto, la valoración de dichas prácticas está determinada por una priorización delicada entre eficiencia y desconcentración.
Uno de los más firmes críticos de las decisiones de la Comisión fue el presidente Obama, quien reprochó públicamente a la UE la imposición de sanciones por meros intereses comerciales. Otras voces han señalado que la Unión debería preguntarse más bien por qué no existen empresas europeas comparables. Aun desde Europa se ha insistido en que el esfuerzo debería estar orientado a aportar un impulso público a sus empresas tecnológicas.
Curiosamente, la defensa de la competencia reabre el debate sobre las distintas visiones de ordenación del mercado en nuestra sociedad y sobre el papel de las autoridades a la hora de intervenir en él. En efecto, la promoción de más rivales en los mercados contribuye a una mayor distribución de la riqueza, y a la limitación del poder económico privado y de su interferencia en la esfera política. También tiende a velar por los pequeños y medianos comerciantes y por fines como la creación o el mantenimiento del empleo. Por el contrario, la apuesta única por el bienestar de los consumidores entiende que la concentración económica puede ser eficiente y valiosa en términos geoestratégicos.
La Comisión se ha mostrado firme en sus planteamientos incluso respecto de empresas europeas, como evidencia la oposición a la fusión de Alstom y Siemens. Además, se percibe una cierta convergencia por parte de Estados Unidos sobre las big tech. De hecho, la aspirante demócrata Elizabeth Warren abogó por la desmembración de estas compañías, como respuesta a la amenaza que, según ella, implican para los consumidores, para su privacidad y para su libertad democrática. Por su parte, el Departamento de Justicia publicó el mes pasado su decisión de demandar a Google por conductas similares a las reprochadas por la Comisión en 2019. El ciudadano norteamericano parece ser visto ahora como víctima de políticas de competencia excesivamente permisivas, justificadas en el objetivo de hacer frente a los rivales asiáticos en el ámbito tecnológico.
Queda por ver cuál será la posición de la Administración de Biden, y también la de la Unión tras la propuesta de la Comisión para reforzar la aplicación de las normas de competencia en el sector digital. Por el momento, respecto al presidente electo, ha formado su gabinete de transición con antiguos altos ejecutivos de Facebook y Apple. Es difícil anticipar si existirá una convergencia definitiva entre los estándares europeos y norteamericanos. En cualquier escenario, la nueva investigación sobre Amazon aportará elementos para contrastar las distintas concepciones de defensa de la competencia en ambos lados del Atlántico
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