Historically speaking, immigrants without legal documentation have been one of the most excluded sectors in the United States in terms of access to health care. With the new COVID-19 vaccine, the situation is likely to remain the same, if not worse. After nearly a year of quarantine, an economic crisis that has exacerbated class inequality, and the death of almost 2 million people worldwide, the arrival of a vaccine that could arrest the worst health crisis in modern history is extremely promising.
The hope is that most people will get the vaccine, which would ideally lead to herd immunity. That sounds simple, but it is actually a very complicated process filled with twists and turns. Following the authorization and commencement of the Pfizer vaccine distribution in the United States, one of the most important questions to emerge is the fate of communities of immigrants in this country without documentation. Immigrants have played a vital role during the pandemic providing essential services such as health care and food, without which the neighboring country would have been unable to sustain itself. In this situation, including these immigrants in the political community is also a public health issue.
During the pandemic, there has been evident violence against specific sectors of the U.S. population who have been excluded from receiving primary health care, including immigrants in the U.S. illegally. It is estimated that nearly 50% are of Mexican descent, and here, the absence of health care is just the tip of the iceberg. The threat of deportation and separation of families plays a significant role. There is real concern that the vaccine could make it easier for immigration officials to arrest people in the U.S without documentation, and immigrants would thus be unwilling to be vaccinated.
Although implementation guidelines have not yet been established, and despite the fact that vaccine distribution is being carried out on a state by state basis, some Trump administration officials have suggested that information such as birth dates and driver's license numbers could expedite vaccine distribution.
There have several administrative proposals in response to this problem. One proposal addressed a number of governors including New York Gov. Andrew Cuomo, who said his state will not require personal data as a requirement for a vaccine. Another proposal came from New York State Assemblywoman Linda Rosenthal who suggested the state provide vaccines to all New Yorkers at no cost, including non-U.S. citizens.
This is a situation where a rights-based approach must be imposed in a genuinely nondiscriminatory fashion in order to implement an effective and efficient vaccination policy. Thus, including everyone regardless of gender, social class or immigration status is fundamental to prevent compromising the health of the entire country. And this is where the willingness of American residents without documentation is vital. The institutional strategy will not be sufficient if it does not work hand in hand with organizations and leaders of immigrant communities who can send a message of trust and spread the word about vaccines. Furthermore, the policy will have to accommodate immigrant communities who speak different languages. Above all, it must generate trust in medical professionals and stand apart from those who bully others into making decisions. In this aspect of public policy, as in others, even individual well being is vulnerable without social protection.
Históricamente, las y los indocumentados han sido uno de los sectores más excluidos del acceso a servicios de salud en Estados Unidos y, con la nueva vacuna contra la COVID-19, es muy probable que la situación se mantenga igual –o empeore. Después de casi un año de medidas de aislamiento, una crisis económica que empeoró la desigualdad entre clases sociales y la muerte de casi dos millones de personas en todo el mundo, la llegada de una vacuna que podría controlar la peor crisis de salud en la historia reciente resulta sumamente esperanzadora.
La expectativa es que la mayoría de las personas puedan aplicarse la vacuna, lo que idealmente conduciría a la inmunidad colectiva, lo que suena sencillo pero es en realidad un camino lleno de complicaciones. Tras la autorización y comienzo de la aplicación de la vacuna de Pfizer en Estados Unidos, una de las preguntas más relevantes que han surgido es ¿qué pasará con nuestras comunidades de inmigrantes indocumentados? Los inmigrantes han desempeñado un papel imprescindible durante la pandemia en los trabajos de servicios esenciales como son los de cuidados y alimentos, sin los cuales el país vecino no se habría sostenido. En este caso, su inclusión en la comunidad política es también un asunto de salud pública.
Durante esta pandemia se ha hecho evidente la violencia que significa la exclusión de ciertos sectores de la población estadounidense que se han quedado al margen de la atención de necesidades de salud básicas. Es el caso de los migrantes ilegales, de los cuales se estima que casi 50 por ciento son de origen mexicano –en este caso, la falta de seguro médico no es más que la punta del iceberg del problema. Y es que la amenaza de las deportaciones y las separaciones familiares juega aquí un papel muy importante, pues existe una fuerte preocupación de que la aplicación de la vacuna podría facilitar el acecho de los funcionarios de inmigración, lo cual a su vez podría provocar que los migrantes ilegales no estén dispuestos a vacunarse.
Si bien aún no se han establecido los lineamientos para la aplicación, y pese a que la distribución de ésta sea jurisdicción de cada estado, algunos funcionarios de la administración Trump han sugerido que información como las fechas de nacimiento y número de licencia de conducir podría agilizar la distribución de vacunas.
De cara a este problema, se han puesto varias propuestas institucionales sobre la mesa, desde la oposición de muchos gobernantes, como el gobernador de Nueva York Andrew Cuomo –quien ha dicho que su estado no exigirá datos personales como requisito–, hasta la propuesta de la asambleísta demócrata neoyorquina Linda Rosenthal, que busca que el Estado proporcione una vacuna sin costo para todos los neoyorquinos, incluidos aquellos que no son ciudadanos estadounidenses.
Estamos ante un caso en el que la lógica de los derechos tiene que imponerse como efectivamente universal para tener una política de vacunación efectiva y eficaz. En este caso, la inclusión de todas las personas sin discriminar por género, clase social o estado migratorio, es fundamental para no comprometer la salud de todo el país. Y es aquí donde la disposición de las y los estadounidenses indocumentados es fundamental. La estrategia institucional no será suficiente si no camina de la mano con organizaciones y líderes de comunidades migrantes que puedan comunicar un mensaje de confianza y socializar la información; la política deberá adaptarse a las comunidades de inmigrantes, con variedad de idiomas y, sobre todo, generando confianza en el personal médico, al que hay que separar de cualquier intención policiaca. En este y otros aspectos de política pública, sin protección social, incluso el bienestar individual se vuelve frágil.
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