Biden’s Immigration Reform

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Su proyecto presenta una oportunidad para hacer de EE. UU. un país más seguro, fuerte y próspero.

El presidente Joe Biden ha presentado un proyecto de reforma migratoria humanitario y contundente. Estados Unidos será más seguro, fuerte y próspero, con un sistema migratorio justo que facilite la reunificación familiar y reconozca y potencie la contribución económica de los inmigrantes.

El mandato no es fácil, pero tampoco imposible. Su propósito central es crear una ruta gradual que desemboque en la ciudadanía para aquellas personas indocumentadas que cumplan ciertos requisitos. El proceso podría durar ocho años, primero con la otorgamiento de un permiso temporal; luego, de residencia permanente, y finalmente, la ciudadanía, para quienes hayan llegado al país antes de enero de 2021.

Entre los primeros beneficiarios de la reforma estarían los dreamers, personas que llegaron al país de niños por decisión de sus padres, y los acogidos por el TPS, estatus de protección temporal. También sería prioritaria la reunificación familiar y se eliminarían las provisiones discriminatorias a personas LGBTQ, o basadas en su afiliación religiosa.

En su afán por evitar abusos de presidentes arbitrarios, el proyecto de Biden establece, así mismo, límites a la autoridad presidencial para decretar futuras prohibiciones discriminatorias de género o contra minorías religiosas, y aumenta el número de visas disponibles para incrementar la diversidad.

En vez de levantar muros, la reforma propone medidas para administrar la frontera sur de manera responsable e inteligente. Al mismo tiempo, propone abordar las causas fundamentales que motivan la migración en los países expulsores. El plan propone invertir hasta 4.000 millones de dólares en ciertos países centroamericanos con el fin de mitigar la huida desesperada de parte de su población. También estipula respetar los derechos humanos de los migrantes, pero de ninguna manera propone abrir la frontera para todo aquel que quiera venir al país.

El proyecto de ley podría beneficiar hasta a 11 millones de indocumentados, pero, en realidad, el Pew Center estima que habría unos 7 millones de personas que llevan más de una década viviendo aquí, con hijos ciudadanos por nacimiento y que cuentan con un historial de trabajo. Pero mientras el proyecto de ley entra a debatirse en el Congreso, la administración de Biden tiene enfrente un inmenso trabajo reparando el malintencionado desbarajuste que dejó su antecesor.

En los cuatro años que duró en el cargo, Trump alteró profundamente el sistema a través del cual los ciudadanos extranjeros pueden obtener visas para venir a Estados Unidos. Lo hizo por medio de órdenes ejecutivas, proclamaciones presidenciales, nuevas reglas y regulaciones, todo esto sin contar con la aprobación del Congreso.

Los operadores de Trump deliberadamente dificultaron el trámite para que los titulares de la tarjeta verde calificaran para obtener la ciudadanía. Con Trump, lo que alguna vez fue una agencia construida para facilitar la inmigración, el trabajo y los viajes a Estados Unidos cambió su enfoque para mantener a la gente fuera. A Biden le corresponde cambiar el liderazgo y el personal del Departamento de Seguridad Nacional y las agencias relacionadas con la inmigración, además de establecer un sistema justo y eficaz.

Políticamente, el proyecto enfrenta serias dificultades porque para que se convierta en ley es necesario que ambas cámaras del Congreso lo aprueben. Se requiere que en el Senado haya al menos 60 senadores que lo apoyen y esto implica el voto favorable de 10 republicanos.

Desde mi punto de vista, es muy alentador que Estados Unidos siga el ejemplo de compasión y eficiencia de Colombia en su plan para integrar a los inmigrantes venezolanos. Si lo logran, ambos serán países más seguros, más fuertes, y más prósperos.