Durante el proceso negociador, el tema más escabroso, que casi impide la firma de los tratados Torrijos-Carter, fue la posición intransigente de Estados Unidos a retirar sus fuerzas militares del territorio nacional. Esa obstinación volvería hacerse patente cuando algunos senadores se negaban a ratificar los mencionados tratados, que necesitaban dos tercios de ese cuerpo legislativo para su beneplácito, al punto que solo la diferencia de un voto hizo posible su aprobación.
Por diversos medios y con diferentes argumentos, los gobiernos de Estados Unidos han insistido en imponer su presencia militar en el istmo. Así, so pretexto de que el país estaba sometido a una dictadura militar, con el apoyo de los gremios empresariales y la población acosada por la depauperación, invadieron el país el trágico 20 de diciembre de 1989.
Desde ese momento han venido forzando la presencia de su agenda militar.
Durante la administración de la señora Mireya Moscoso, impusieron el acuerdo Salas-Baker sin presentarlo a la Asamblea Nacional; en el mandato de Ernesto Pérez Balladares, el Centro Multilateral Antidrogas (CMA); a pesar de la neutralidad del Canal, plasmada en los actuales tratados, han desarrollado maniobras militares con la dócil anuencia de los gobiernos panameños, con el manido argumento de un ataque a las instalaciones canaleras.
Hoy, con el pretexto de ayuda humanitaria, tienen instalados diversos campamentos en la provincia de Darién y pretenden instalar un Centro Regional de Operaciones Aeronavales (Croan), supuestamente para combatir el tráfico de drogas procedentes de Colombia y otros países suramericanos. Ese argumento es falaz. En ese país tienen instaladas siete bases militares y no han podido erradicar la producción y trasiego de cocaína y otros estupefacientes.
En medio de esta situación, llama la atención la presencia del jefe del Comando Sur, quien comparó el Croan con la instalación militar que tienen ubicadas en Miami y la realización, el 10 de diciembre de 2020, en nuestro país, del cuarto diálogo de seguridad de alto nivel Panamá-Estados Unidos.
En el último año, la política exterior de nuestro país parece más inclinada a no contradecir los intereses norteamericanos en la región latinoamericana.
Ejemplo: el reconocimiento, en Venezuela, del autoproclamado presidente Juan Guaidó; el ridículo de reconocer una embajadora de ese gobierno fantasma y después retirarle las credenciales; el no reconocimiento de las elecciones que renovaron el parlamento en ese país, a pesar que cientos de observadores prestigiosos no encontraron nada pecaminoso en ese evento cívico; el voto favorable a un representante de Estados Unidos en la presidencia del Banco Interamericano de Desarrollo; las visitas de altos personeros del gobierno norteamericano sin que la población conozca el contenido de dichas conversaciones; la reciente reunión de la canciller panameña con el señor Juan González, director del Consejo se Seguridad para el Hemisferio Occidental; el creciente endeudamiento económico con el coloso del norte, son elementos que nos producen profunda preocupación.
El presidente debe tener presente que su deber, sobre todo, es defender los intereses nacionales, la dignidad y la soberanía, y recordar siempre que los gobernantes de Estados Unidos no tienen amigos, defienden sus intereses geopolíticos y económicos.
Desde la cima del cerro Ancón, al compás del flamear de nuestra enseña nacional, lo observan el comandante Omar Torrijos, arquitecto de nuestra independencia, y los mártires del 9 de enero, quienes entregaron su vida por integrar nuestro territorio sin presencia militar extranjera.
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