Unnecessary Reforms

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Reformas innecesarias

El estilo republicano es más sutil. Buscan evitar fraude en elecciones, o sea que personas sin derecho como migrantes, influyan en el destino del país

A veces da la impresión de que los republicanos estadounidenses buscan formas de crear su propio sistema de apartheid, aunque en vez de prohibir la participación política de minorías étnicas o grupos económicamente desfavorecidos, buscan formas de desalentarla y obstaculizarla al máximo.

El resultado sería similar al que por décadas predominó en África del Sur, donde una minoría blanca impuso su régimen a una considerable mayoría negra y de origen asiático.

El estilo republicano es más sutil, dentro de lo que cabe. Su pretexto es evitar el fraude en elecciones, o sea que personas sin derecho, incluso inmigrantes indocumentados, participen e influyan en el destino del país.

Según sus quejas, no sólo ha sucedido con frecuencia sino que les costó la elección presidencial en 2020.

Pero no han podido presentar pruebas, ni siquiera en los estados donde gobiernan y por ley controlan el aparato electoral, desde el padrón hasta el conteo final.

De hecho, en el último año hubo iniciativas de ley que hicieron más difícil el acceso al voto en 19 estados (aunque en 25 se hizo más fácil), todos bajo gobiernos republicanos y en los que el expresidente Donald Trump y sus seguidores afirman que hubo fraude aunque lo hubieran ganado. Y por supuesto, en algunos donde los demócratas ganaron por una diferencia de apenas miles de votos.

Por ejemplo, en Texas, el gobernador Greg Abbott y la legislatura dominada por los republicanos aprobaron una legislación que de entrada podría ampliar la votación anticipada en condados (municipios) pequeños, de ese partido, pero restringe medidas para facilitar el voto en áreas demócratas como el populoso condado de Harris, donde las horas de sufragio anticipado durante la noche y la votación en automóvil resultaron populares el año pasado entre los votantes de color.

La nueva ley también aumentará las reglas para votar por correo en un estado donde esa opción ya está significativamente limitada.

La preocupación del gobierno estatal es tan fuerte que, de acuerdo con el diario Houston Chronicle, agregó dos abogados a la Fiscalía General del estado y aumentó su presupuesto de 1.9 millones a 2.2 millones de dólares.

Pero el año pasado, esa oficina sólo cerró tres casos y una auditoría del secretario de Estado de Texas sobre las elecciones generales de 2020 encontró 17 discrepancias en los votos emitidos en el condado de Collin, 10 en el condado de Dallas y ninguno en el condado de Tarrant. En Texas, se emitieron más de 11 millones de votos y Trump ganó por 600 mil.

¿Se necesitaba la reforma legal? ¿O se trató simplemente de darle gusto a votantes que disfrazan su racismo con la preocupación por la legalidad?

Visto desde afuera, la respuesta parece dirigirse más al temor de un sector a perder el control que ha disfrutado por décadas, o siglos, que a una verdadera preocupación por la legalidad y la pureza de las elecciones.

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