US vs. Venezuela: Game On or Time Out?

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La estabilidad y el desarrollo venezolano descansa en derrotar la agresividad de Estados Unidos y su menos cacareado pero, evidentemente, mantenido empeño de sacar al bolivarianismo del poder

Multipolaridad, el as que temprano tiró sobre la mesa Hugo Chávez, sigue siendo la carta de Venezuela en la apuesta no solo por su sobrevivencia como país víctima de una guerra no declarada de Estados Unidos, sino en pos de la justicia mundial.

En medio de las tensiones económicas y financieras que anuncian nuevas crisis planetarias y el reforzamiento de polos de poder alternativos a Washington, esa jugada parece aún más necesaria y exitosa ahora.

Esas razones argumentan la importancia de la visita, esta semana, del presidente Nicolás Maduro a Arabia Saudita, nación poderosa con la que nuevos acuerdos han hecho más fuertes las relaciones bilaterales —aunque esté «en el otro extremo» del mundo— y su asistencia, previamente, a la toma de posesión de Recep Tayip Erdogan, relecto presidente de Türkiye, una nación que en los últimos años ha mostrado decisión y fuerza como contribuyente a un mayor equilibrio frente al tradicional poder hegemónico, lo mismo mediante sus posiciones para detener la expansión de la OTAN —bloque militar del que es miembro—, que por sus cada vez más fuertes lazos con naciones, como Venezuela, objetos de asedio.

No obstante —y aunque para Caracas resulten trascendentes esos nexos multipolares cuya necesidad vio Chávez tan temprano—, el sine qua non de la estabilidad y el desarrollo venezolano no descansa precisamente ahí, sino en derrotar la agresividad de Estados Unidos y su menos cacareado pero, evidentemente, mantenido empeño de sacar al bolivarianismo del poder.

Más de 900 medidas punitivas que incluyen el congelamiento de su dinero en el exterior significan daños ascendentes a 23 200 millones de dólares cuya ausencia deteriora la calidad de vida de la población. Esa es una realidad que los francotiradores a ultranza atrincherados a la derecha no deberían desconocer.

El aflojamiento, al menos, de ese asedio económico y financiero parecía más cercano luego de que la Conferencia Internacional convocada por el presidente colombiano Gustavo Petro en abril, concluyera con una escueta declaración final que era lo suficientemente concisa y clara como para considerarse «con aportes»: devolución de 3 000 millones de dólares del total de 20 000 millones incautado por Washington a Caracas espuriamente y puestos en manos de la oposición, para materializar el Fondo Social que había sido acordado en noviembre de 2022 por el Gobierno y esos partidos políticos, y menguar las carencias provocadas por las medidas punitivas; el levantamiento, en general, de las sanciones y, de la parte del Gobierno venezolano, dar a conocer el cronograma electoral con vistas a los comicios presidenciales que deberán celebrarse el año que viene con posibilidades amplias de participación.

Por reiterado, quizá lo enunciado no fuera tan sorprendente como el hecho de que en la cita, con amplia representación de una veintena de países, no estaba Venezuela pero sí tres funcionarios de la administración de Joe Biden. Se suponía que la delegación encabezada por Jon Finer, principal asesor de Seguridad Nacional del Presidente; su asesor especial para las Américas, Christopher Dodd, y el director del Consejo de Seguridad Nacional para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan González, no solo «consentía» con los enunciados sino, además, fungiría como una correa de transmisión para Biden.

La respuesta llegada desde Estados Unidos, sin embargo, fue decepcionante para quienes esperaban reales cambios de Washington. Menos de diez días después, una licencia emitida por la Ofac (Oficina de Control de Activos en el Extranjero) luego de un largo litigio judicial para robar Citgo a Caracas y no solo secuestrarla, autorizó la liquidación de sus activos, lo que puso a la firma petrolera totalmente en manos de los farsantes líderes de la Asamblea Nacional elegida en 2015 y hace rato extinta, y les autorizó a actuar en nombre de Venezuela en todo lo concerniente a la Citgo. Se esperaba su ilegal subasta.

La medida fue denunciada por Caracas como un robo, en tanto observadores y el propio ejecutivo bolivariano la consideraron, además, un portazo con cerrojos a la reunión de Bogotá. Mientras, de la entrega del dinero para el Fondo Social acordado por el Gobierno y los opositores durante su último encuentro de diálogo, nada.

Resurrección

El compás de espera se mantiene: la Casa Blanca no dispone la devolución del resto de los fondos venezolanos que ha puesto también en manos, apenas, de un sector de la oposición; tampoco relaja las medidas punitivas, y el diálogo entre la derecha agrupada en la Plataforma Unitaria Democrática y el Gobierno venezolano sigue detenido, en tanto la desoída exigencia de Caracas de libertad para el empresario Alex Saab, extraditado y preso ilegalmente en EE. UU., también planea negativamente sobre la posibilidad de reanudar las conversaciones.

Pero no debe dejarse camino por vereda, tampoco en el campo diplomático. Aprovechando el contexto de la reunión de presidentes sudamericanos en Brasilia que no logró echar a andar, de momento, la Unasur renovada que se esperaba, pero restableció el diálogo entre los mandatarios de esa subregión, y siendo displicente con los discursos de dos presidentes apegados a «la narrativa» de la Casa Blanca en lo concerniente a Venezuela, Maduro anunció una próxima reunión con cancilleres participantes en la Conferencia Internacional celebrada en Colombia.

Según el Jefe de Estado venezolano, esos ministros —no adelantó cuándo— «me llevan un mensaje».

Aunque seguramente no será oficial ni público, dicho encuentro, y las declaraciones que emanen de él, podrían ser importantes para avizorar si es posible seguir esperando cambios reales y ostensibles de la administración Biden en su política hacia Caracas.

Si bien es cierto que el envío de dos funcionarios de su ejecutivo a Miraflores, a mediados del año pasado, para gestionar —directamente, como se dedujo— las licencias que unas semanas después abrieron una ranura a las sanciones y permitieron a las empresas Repsol de España; Eni, de Italia, y a la estadounidense Chevron, operar temporalmente con crudo venezolano, ese paso, presionado entonces por la remezón que el conflicto Rusia-Ucrania ocasionaba en el mercado del petróleo y la necesidad que tenía Estados Unidos del oro negro, no ha tenido seguimiento.

En todo caso, las voces «autorizadas» que se han escuchado hablar acerca de Venezuela desde Washington en los días recientes, parecen «estirar» la adopción de posturas firmes y explícitas en torno a ese quehacer; un desempeño que, en cualquier caso, podría estar sujeto ahora, además, a los vaivenes visibles que preceden a la carrera presidencial estadounidense de 2024. Y la competencia ha empezado temprano.

Independientemente de lo que la actitud de la Casa Blanca respecto a Venezuela pueda significar o no en la campaña, Juan González, asesor de Biden para el Hemisferio Occidental, ha reiterado las mismas falacias que mal justifican la agresión económica.

En declaraciones concedidas al derechista portal NT24, González ¡negó! que EE. UU.sea «un actor» en el escenario venezolano y calificó a su país como «un apoyo» para sus ciudadanos «que quieren democracia», con lo que ya ha ratificado de qué se trata.

Sus palabras reeditan la misma actitud de injerencia y chantaje a que Estados Unidos nos tiene acostumbrados. «El Presidente —dijo el funcionario estadounidense en alusión a Biden— ha dejado claro que apoyamos un progreso negociado… Estamos dispuestos a levantar la presión si hay avances, pero la vamos a volver a imponer si no hay avances o si hay un retroceso».

En medio de la creciente recuperación del reconocimiento al Gobierno de Nicolás Maduro, robado en los tiempos de gloria del fracasado Juan Guaidó, esa posición podría ser vista como otra evidencia de la actitud recalcitrante, aunque solapada, de la administración Biden.

Mientras, la opositora Plataforma Unitaria Democrática está de lleno en la preparación de las primarias con vista a las elecciones presidenciales y para ello usa, como han denunciado autoridades bolivarianas, el dinero usurpado al país, puesto a su servicio por un actor fuera de escena, pero protagonista principal de la tragedia.