Una impugnación politizada
Lo más serio se refiere a que es posible señalar que Hunter Biden tuvo sus mejores momentos económicos mientras su padre era vicepresidente
WASHINGTON. Entre alegatos que ya son parte del estilo estadounidense de hacer política, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes del Congreso se prepara a tratar de impugnar al presidente Joe Biden con acusaciones que esperan surjan de cargos por corruptela contra su hijo Hunter.
Si todo sale como esperan los grupos más conservadores y determinados a ir adelante, la decisión de ir al juicio constitucional de impugnación ocurrirá en esta semana.
La decisión, en cierta forma, está tomada. Sólo falta refrendarla con una votación en la que se espera que la mayoría republicana, compuesta ahora por 221 legisladores –tras la expulsión de George Santos, por fraudes comprobables– vote de manera necesariamente unánime.
Pero la legitimidad de la acusación depende de que los republicanos logren vincular a Biden con los problemas de su hijo, que no han podido hacer en los 10 meses que llevan de hacer una investigación desde el Congreso.
Lo más serio se refiere a que es posible señalar que Hunter Biden, considerado la oveja negra de la familia, tuvo sus mejores momentos económicos mientras su padre era vicepresidente.
De hecho, se registra que ganó un millón de dólares anuales como miembro de la Junta de gobierno de Burisma, una empresa eléctrica ucraniana. Pero el salario bajó a 500 mil dólares en marzo de 2017, después del fin del gobierno del presidente Barack Obama y el vicepresidente Biden.
Esa acusación está en el eje de las especulaciones del Comité Judicial de la Cámara baja, que bajo la Presidencia del republicano Jim Jordan alega que el empleo de Hunter estaba ligado a la posición de su padre.
Es posible, por supuesto. Pero su insistencia en interrogar a Hunter a puertas cerradas, mientras el acusado ofrecía comparecer de manera pública, fortaleció la impresión de que se trata de un caso politizado.
Un Gran Jurado Federal emitió recientemente otras acusaciones, sobre cuestiones fiscales. Estos incluyen nueve cargos (tres considerados como graves y seis menores) de presuntos delitos fiscales, entre 2016 a 2019, presentados el jueves en un Tribunal Federal del sur de California por el fiscal especial David Weiss.
Biden está inculpado de planificar un esquema para evadir el pago de al menos 1.4 millones de dólares en impuestos sobre la renta y gastar en cambio en drogas y acompañantes.
Hay además tres cargos relacionados con la posesión ilegal de armas, presentados en septiembre en Delaware, por hacer declaraciones falsas y obtener una pistola y poseerla durante 11 días en 2018, cuando le estaba prohibido por ser adicto a las drogas.
¿Son esos cargos suficientes para impugnar constitucionalmente a Biden? La realidad es que es un juego político y los propios republicanos saben que la acusación morirá cuando pase al Senado, dominado por los demócratas. Pero la idea es hacer ruido en año electoral.
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