En el frente geopolítico se abre un gran interrogante sobre cómo puede cambiar la relación de EE.UU. con tantos países en los cuales durante más de 50 años había construido una relación de cooperación.
No hemos completado un mes desde la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos y el terremoto que ha producido, con epicentro en la Casa Blanca, parece haberse sentido hasta en el rincón más remoto del mundo.
Primero fue el freno de mano que les puso a los migrantes irregulares (se calculan 14 millones en Estados Unidos), luego embistió con un agresivo aumento de aranceles que puede convertirse en una carga de profundidad letal para muchas empresas que viven del comercio con ese país y en tercer lugar puso al frente de la tijera del Estado a Elon Musk que promete poner fin, entre otras cosas, a esa política exterior con un alto grado de asistencialismo que se implantó en Washington en la época de John F. Kennedy.
Cabe recordar el episodio de cuando, en 2022, Elon Musk adquirió Twitter en un caótico proceso que lo llevó a desembolsar 44.000 millones de dólares, una cifra sin precedentes en aquel entonces. Apenas tomó el control, el magnate fundador de Tesla y SpaceX se dedicó a reestructurar esa red social, decidido a convertir en rentable una plataforma que consideraba estancada. En cuestión de semanas, despidió a cuatro de cada cinco empleados y transformó Twitter en un laboratorio de su visión sobre la libertad de expresión y la eficiencia empresarial.
Un par de años después, ahora con la bendición de Donald Trump, parece estar intentando replicar la misma dosis. Con una pequeña diferencia en el tamaño de su nuevo “juguete”: ya no lo está haciendo con una empresa de 5.000 millones de dólares en ingresos anuales, como lo era Twitter cuando la adquirió, sino con los casi 7 billones de dólares del presupuesto del Gobierno Federal de los Estados Unidos, un coloso literalmente mil veces mayor.
Bajo su nuevo mandato, Trump puso a Musk al frente de DOGE: el Departamento de Eficiencia Gubernamental, la entidad creada con el único propósito de pasar la tijera al gasto público de los Estados Unidos, eliminar burocracia y desmantelar programas que la administración considera innecesarios. Un nuevo capítulo de lo realizado con Twitter, pero ahora a una escala monumental. La misión de Musk es ambiciosa: recortar hasta 2 billones de dólares en gastos, más de la mitad del presupuesto discrecional del gobierno federal. Gracias a las órdenes ejecutivas de Trump, DOGE ha obtenido un acceso sin precedentes a agencias gubernamentales y bases de datos sensibles, desatando en apenas unas semanas una ola de despidos y reestructuraciones sin precedentes en Washington.
La revista Wired ha revelado cómo reclutaron a decenas de jóvenes, sin experiencia en la administración pública, a quienes convocaron con la propuesta de que sería un trabajo de seis meses, desde Washington, para reducir en una tercera parte el gasto del gobierno federal. El recorte no es poca cosa: el gasto federal representa alrededor de una cuarta parte del PIB de Estados Unidos.
El caso más sonado de la arremetida del joven manos de tijera ha sido la eliminación de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) que ha sido el brazo de cooperación de Estados Unidos en el mundo, con un presupuesto anual de 40.000 millones de dólares para asistencia humanitaria y programas de desarrollo, incluyendo un papel relevante en Colombia. Sin embargo, con la llegada del nuevo gobierno, Musk calificó a la agencia en un mensaje publicado en X como una “herramienta para financiar marxistas y criminales” y anunció su cierre inmediato.
Los defensores de DOGE, celebran la “purga necesaria” de la burocracia. Sin embargo, muchas voces críticas advierten que las decisiones de Musk son irresponsables e incluso ilegales. El verdadero impacto se verá con el paso del tiempo. Por ahora el efecto es un desorden tal –en el sistema de pagos del gobierno, por ejemplo–, que supone un riesgo crítico para la estabilidad financiera, ha paralizado programas esenciales y generado preocupaciones sobre el uso indebido de información sensible del Tesoro, que podría erosionar la confianza del mercado en los bonos del gobierno.
En el frente geopolítico se abre un inmenso interrogante sobre cómo puede cambiar la relación de Estados Unidos con tantos países en los cuales durante más de 50 años había construido una relación de cooperación, utilizando la asistencia internacional como la herramienta de influencia geopolítica. El giro que ha dado América Latina a una izquierda que suele estar en contra de Estados Unidos y la incursión cada vez más evidente de China en la región tal vez muestran que esa estrategia no estaba siendo lo suficientemente efectiva para los intereses de Washington.
En Colombia se está sintiendo de manera particular el temblor. Durante años, el país ha sido uno de los principales receptores de fondos de USAID, es el más beneficiado en toda América Latina y recibe hasta el triple de recursos que México o Brasil. El año pasado, por ejemplo, fueron 384 millones de dólares, poco más de 1,5 billones de pesos. Estos fondos han sido vitales para programas para la implementación del Acuerdo de Paz, asuntos de medioambiente y comunidades vulnerables.
Con los fondos congelados, centenares de organizaciones no gubernamentales así como medios alternativos que dependen de esta cooperación podrían colapsar. Por no hablar del hueco que se abre en entidades como la JEP y la Fiscalía.
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