Abortion: Harsher Punishment for Doctors than for Rapists

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En una de las más polémicas restricciones en este país, la gobernadora de Alabama, Kay Ivey, firmó una ley que prohíbe el aborto en ese estado, aun en casos de violación o incesto. La mujer que se someta a uno podría pasar diez años en la cárcel y el médico que lo lleve a cabo, sentenciado a 99 años en prisión. Esto, mientras que el castigo para quienes abusen de un menor o cometan incesto es de un año y un día tras las rejas.
La nueva ley, concebida por un comité del Congreso estatal integrado por 25 legisladores, todos varones, deja claro que la prohibición sólo brinda excepciones cuando la vida de la madre está en peligro o cuando se comprueba que el bebé no nacido tiene anomalías letales, siempre y cuando el embarazo no tenga más de seis semanas de gestación, plazo en que la mayoría de las mujeres aún no sabe que está embarazada.
Aun Pat Robertson, el evangelista de extrema derecha que predica a través de la televisión, aquel que culpó a los homosexuales de los ataques terroristas a Washington y Nueva York en 2001, ha dicho que Alabama esta vez ha ido demasiado lejos. Misma opinión ha tenido el presidente Donald Trump, quien en voz baja ha dicho que preferiría se incluyan algunas excepciones.
Sin embargo, no sólo es Alabama; también Ohio, Georgia, Misisipi y Kentucky están tratando de imponer leyes similares, que si llegan o no a entrar en efecto, en realidad tienen como verdadera intención llevar el caso hasta la Suprema Corte de Justicia en Washington, con el objetivo de ejercer suficiente influencia para que se haga a un lado el derecho constitucional que toda mujer tiene aquí de abortar.
Libertad que se consiguió en 1973, en un caso que se conoce como Roe vs Wade, un asunto que desde entonces ha dividido profundamente a este país. Los conservadores quieren eliminar ese derecho y en estos momentos tienen más posibilidades que nunca de lograrlo, con una Suprema Corte de mayoría conservadora, resultado de la promesa hecha por Trump en campaña, de nominar sólo ministros que se oponen al aborto para el más alto tribunal.
Es tan profunda esa división que en 22 estados la posibilidad de prohibir el aborto es cada más realidad, mientras que el derecho al aborto está asegurado en 21 entidades. Los estados “pro-vida” que se oponen a la práctica, geográficamente están en su mayoría en el sur y el medio oeste del país, mientras que los estados “pro-libertad reproductiva” se ubican en el oeste y la costa este.
Uno pensaría que todos esos esfuerzos por eliminar el aborto serían porque su práctica está en aumento; sin embargo, el aborto en los Estados Unidos es mucho menos común ahora que en ninguna otra época, con un declive entre 2006 y 2015 de 26 por ciento, y la razón no son las leyes más estrictas, sino mejores métodos de anticoncepción.
Aun así, se estima que 23.7 por ciento de las mujeres tendrá un aborto antes de llegar a los 45 años; 19 por ciento, antes de los 30; y 4.6 por ciento, antes de alcanzar los 20 años de edad. Pero contrario a lo que se piensa, quienes buscan uno, no son en su mayoría mujeres jóvenes y solteras para quienes la maternidad sería un problema, sino que recientes estudios han revelado que 59 por ciento de quienes quieren abortar está casada y tiene ya cuando menos un hijo.
El 49 por ciento de las mujeres que se someten al procedimiento tiene carencias económicas y vive por debajo de la línea de la pobreza. La mayoría sigue una religión, identificándose 24 por ciento de ellas como católicas. Así, una encuesta reciente reveló que 71 por ciento de los estadunidenses no quiere hacer a un lado el derecho al aborto, incluyendo a 52 por ciento de los republicanos; mientras sólo 23 por ciento lo quiere prohibir.
Prohibir el aborto, no lo desparecerá, se practicará igual, sólo que en forma oscura, insalubre e ilegal. El asunto está provocando grandes manifestaciones a favor y en contra no sólo en esta capital, sino a lo largo del país y será decisivo en la reelección de Trump. Pero, para empezar, el cuerpo y la decisión de una mujer no debería nunca ser motivo político ni regido por leyes dictadas por los hombres.