Unambiguous Condemnation

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Condenar sin ambivalencias

CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Restringir la migración de mexicanos y centroamericanos a Estados Unidos ha sido uno de los objetivos recurrentes del presidente Donald Trump. No en balde sigue tan presente su obsesión por construir un muro que los detenga. El tema desempeña un papel importante en la relación con sus electores que, como bien se recuerda, fueron seducidos al grito de “construir el muro”.

Sin embargo, ante la resistencia del Congreso estadunidense para aprobar el presupuesto que requiere el mencionado muro, así como la poca disposición de los demócratas para aprobar un proyecto de ley migratoria altamente restrictiva que les presentó Trump, éste decidió dar un paso adicional. Su llamada política de “tolerancia cero” contempló una medida nunca vista antes en los esfuerzos para detener la migración a Estados Unidos: separar a los hijos de sus padres.

La medida se cumplió sin consideración a sentimientos humanitarios. Mientras los padres fueron llevados a diversos centros de detención, los niños –algunos en su primera infancia y literalmente arrancados de manos de sus padres– fueron llevados a albergues en condiciones deplorables: algunas tiendas de campaña o jaulas levantadas en almacenes abandonados. La comunicación entre padres e hijos se suspendió. No se llevó a cabo un control riguroso de hacia dónde se dirigió a unos y otros. El reencuentro, por lo tanto, será complicado; algunos se preguntan si será posible que no ocurra.

Esta acción tan cruel y contraria a los principios elementales de derechos humanos produjo una reacción airada en contra, principalmente dentro de Estados Unidos. Las críticas desde el Congreso en las filas demócratas, pero también republicanas, se hicieron sentir. Ha tenido una gran difusión el vehemente discurso del representante por Maryland, Elijah Cummings, gran orador que exigió suspender políticas que no reflejan el sentir del pueblo estadunidense.

Los voceros de Trump respondieron con señalamientos tan condenables como expresar que, con esas medidas, se busca “disuadir a futuros migrantes que pretendan entrar a Estados Unidos violando la ley”. El descontento ante tales declaraciones subió tanto de tono que Trump se vio obligado a modificar la orden ejecutiva, eliminando la separación de familias, aunque manteniendo la incertidumbre sobre el tiempo que puede durar la detención de las mismas.

En ese contexto, la posición del gobierno mexicano era esperada con atención. Se trata de un problema que ocurre en su frontera, con enorme potencial de lastimar a ciudadanos mexicanos y que da un claro mensaje de la enorme hostilidad con que Trump contempla problemas que llegan desde la frontera sur. Por ello, fue sorprendente el tiempo que tomó el canciller Luis Videgaray para expresar una posición y –cuando lo hizo– la ambivalencia de algunas de sus declaraciones.

No fue sino hasta el martes 19 –en momentos que el problema ya estaba en todas las primeras planas de la prensa estadunidense y ánimos muy exaltados al respecto dominaban programas de radio y televisión– cuando el canciller dio una larga conferencia de prensa. Varios de los puntos expresados ese día por Videgaray nos llaman la atención.

El primero, que regresaba de un encuentro con el papa Francisco para dialogar, justamente, sobre el tema de migración. El documento final del encuentro se refiere, principalmente, a los esfuerzos que se llevan a cabo bajo los auspicios de las Naciones Unidas destinados a elaborar el Pacto Mundial sobre Migración, para lo que es facilitador México. En las conclusiones del encuentro no se recordó el drama de los niños migrantes en Estados Unidos. Difícil saber si alguna de las partes tuvo resistencia a mencionarlo.

El segundo punto es el interés de Videgaray por “dejar claro el respeto de México a la soberanía y el estado de derecho en los Estados Unidos”. Referirse a la soberanía en este momento particular conduce, irremediablemente, a recordar que cuando van de por medio violaciones flagrantes a los derechos humanos el ejercicio de la soberanía encuentra limitaciones en el nuevo derecho internacional.

El tercero fue el empeño en hacer notar que únicamente 1% de los niños detenidos son mexicanos; los demás, centroamericanos. La red consular mexicana actuó con enorme celeridad, informó el canciller. La mayoría de los menores mexicanos ya han sido trasladados a nuestro país y sólo quedaban pendientes algunos casos, entre ellos uno muy dramático de una niña discapacitada, separada de su madre y a cuyo padre se busca en Estados Unidos.

Sin duda debe felicitarse la eficiencia del cuerpo consular mexicano. Pero el espacio que se le concedió a sus tareas oscureció el hecho de que la nacionalidad no importa cuando se trata de condenar acciones tan crueles como separar hijos y padres. En estos casos, los centroamericanos y su destino son tan importantes como los mexicanos.

Finalmente, quizá fue un lapsus o un propósito explícito: el canciller se refirió a que México no promueve la “migración ilegal”, pero cabe recordar que en la tradición diplomática mexicana se ha cuidado el lenguaje para hablar siempre de “migración indocumentada”. No es un asunto puramente formal. Las implicaciones son de fondo. Desde luego, hubo un claro llamado al gobierno de Estados Unidos para reconsiderar una política cruel e inhumana. Esas fueron las frases tomadas por los titulares en los periódicos.

El tema de los niños migrantes es un botón de muestra de la extrema cautela con que Videgaray conduce la relación con Estados Unidos. Los tiempos, la narrativa y el lenguaje lo hacen evidente. Sin embargo, se acerca el fin de un periodo de la vida política en México. Quien tome las riendas a partir del 1 de diciembre deberá decidir lo que tiene continuidad, lo que se revisa o modifica en la relación con Estados Unidos. Pocos recomendarían ir hacia el enfrentamiento. Muchos esperarían mayor equilibrio entre la búsqueda de entendimiento y la condena decidida y sin ambivalencias cuando el caso lo amerita; el drama de los niños migrantes era uno de ellos.

Este análisis se publicó el 24 de junio de 2018 en la edición 2173 de la revista Proceso.