Russia and the United States, a New Cold War

Published in La Jornada
(Mexico) on 5 July 2017
by Alejandro Nadal (link to originallink to original)
Translated from by Robert Sullivan. Edited by Helaine Schweitzer.
Relations between the United States and Russia remain on a dangerous trajectory. Trump’s personal ties and those of some of his associates (and cabinet members) with Russian companies and oligarchs are tight. There are many shared interests, from astronomical investments in the energy sector to gigantic transactions in real estate and other sectors of the economy, real and financial. That explains the U.S. president's desire to improve relations with Moscow.

However, a good part of the establishment in Washington is determined to promote a climate of tension and direct antagonism. For many conservatives and liberals, the animosity toward Russia seems to be a ground on which they can agree. The result is a latent struggle between the White House and the Capitol for control of U.S. policy toward Russia.

On June 15, the U.S. Senate passed Law S.722, entitled: “Law to Examine and Counteract the Aggressions of Iran and Russia.”* The section on Russia was added to a law aimed at tightening sanctions against Iran. But the addition turned out to be bigger and more important than the main text that focused on the measures against Tehran. Despite what its title might indicate, most of this new instrument is aimed at Russia. This is a further stage in the application of sanctions against individuals and companies in Russia. And some of the sanctions could be applied to European companies interested in investing in energy projects that Russia considers a priority.

The most important aspect of the new law is that it codifies the existing sanctions, which prevent the tenant in the White House from eliminating the penalties with a stroke of the pen through a simple executive order. This measure is seen by Trump and his advisers as a veritable declaration of war against the executive branch. The truth is that the president will no longer be able to use his discretionary power over these sanctions in the negotiations that will surely open soon with Putin.

The most important part of the new law expands the sanctions that already exist against Russia in the energy sector. Currently, existing sanctions prohibit companies in Western countries from providing goods and services for the development of so-called next-generation projects in the Russian energy sector. These projects include investments in offshore platforms in the Arctic, very deep drilling, as well as investments in shale oil and gas. The new law applies sanctions against Russian companies involved in these types of projects regardless of their location. This makes the acquisition and assimilation of new drilling technologies by these Russian companies more difficult.

Moreover, the new law applies sanctions to foreign companies that make significant investments in next-generation energy projects. This is a case of secondary sanctions that has many implications. The extractive industry involving shale oil in the United States has suffered the collapse of crude oil prices, but has been able to recover with a great effort to reduce production costs. However, the fear that some competitors might snatch up market shares is a strong motivation to impose restrictions on investments in this sector in Russia.

The impact of these sanctions on the energy sector in Russia is considerable. It is most likely to delay the development of new projects for many years. For Moscow, that is an unforgivable blow. But that's not even the worst impact.

The new law would penalize companies participating in the Nord Stream II project, which connects Russia and Germany via a pipeline from the Baltic. In fact, this measure is aimed at hindering exports of energy through pipelines or by means of tankers. And here the law also strengthens the regimen of sanctions on privatizations that grant exorbitant benefits to officials of companies whose assets are sold to the private sector. That is, the law is aimed at the oligarchs who control strategic sectors of the Russian economy. They are the same oligarchs who have previously been useful for all kinds of shady business with U.S. companies. Today, priorities have changed.

The sanctions Washington wants to impose on Russia are linked to its goals in Ukraine, Syria and to its drive to control the world energy market. Trump may be more interested in the projects of his companies and those of his friends (like Rex Tillerson, his secretary of state). But the priorities of empires are usually more important than those of the reigning emperor. The sanctions imposed on Russia constitute a hostile act. Many wars have begun with these types of measures.

*Translator’s note: The bill is called: “S.722 - Countering Iran's Destabilizing Activities Act of 2017. The subtitle is: “To provide congressional review and to counter Iranian and Russian governments’ aggression.”



Las relaciones entre Estados Unidos y Rusia se mantienen en una trayectoria peligrosa. Los vínculos personales de Trump y algunos de sus asociados (y miembros del gabinete) con compañías y oligarcas rusos son estrechas. Hay muchos intereses de por medio, desde astronómicas inversiones en el sector energético, hasta transacciones gigantescas en bienes raíces y otros sectores de la economía real y las finanzas. Eso explica el deseo del presidente estadunidense de mejorar las relaciones con Moscú.

Sin embargo, una buena parte del establishment en Washington está decidida a promover un clima de tensión y de antagonismo directo. Para muchos conservadores y liberales la animadversión a Rusia parece ser un terreno en el que pueden estar de acuerdo. El resultado es una lucha larvada entre la Casa Blanca y el Capitolio por el control de la política de Estados Unidos hacia Rusia.
El 15 de junio pasado el Senado estadunidense aprobó la ley S722, que lleva por título Ley para examinar y contrarrestar las agresiones de Irán y Rusia. La sección sobre Rusia fue añadida a una ley dirigida a endurecer las sanciones contra Irán. Pero el añadido resultó ser más grande e importante que el texto principal que se concentraba en las medidas contra Teherán. A pesar de lo que podría indicar su título, la mayor parte de este nuevo instrumento está dedicado a Rusia. Se trata de una nueva escalada en la aplicación de sanciones en contra de individuos y empresas en Rusia. Y algunas de las sanciones podrían aplicarse a empresas europeas interesadas en invertir en proyectos energéticos que Rusia considera prioritarios.
Lo más importante de la nueva ley es que codifica las sanciones existentes, lo que impide que el inquilino de la Casa Blanca pueda eliminar dichas sanciones de un plumazo a través de una simple orden ejecutiva. Esta medida es vista por Trump y sus asesores como una verdadera declaración de guerra en contra del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que el presidente ya no podrá utilizar su poder discrecional sobre estas sanciones en las negociaciones que seguramente abrirá próximamente con Putin.
La parte más importante de la nueva ley expande las sanciones que ya se aplican contra Rusia en el sector energético. En la actualidad, las sanciones existentes prohíben a empresas en países occidentales proveer de bienes y servicios para el desarrollo de los llamados proyectos de siguiente generación en el sector energético ruso. Estos proyectos incluyen las inversiones en plataformas marinas en el Ártico, perforaciones de muy grandes profundidades, así como las inversiones en petróleo y gas de esquistos. La nueva ley aplica sanciones a las empresas rusas involucradas en este tipo de proyectos independientemente de su ubicación. Esto hace más difícil la adquisición y asimilación de nuevas tecnologías de perforación por parte de estas empresas rusas.
Más aún, la nueva ley aplica sanciones a empresas extranjeras que hagan inversiones significativas en los proyectos energéticos de siguiente generación. Éste es un caso de sanciones secundarias que tiene muchas implicaciones. La industria extractiva de petróleo de esquisto en Estados Unidos ha sufrido el colapso de los precios de crudo, pero se ha podido recuperar con un gran esfuerzo de reducción de costos de producción. Sin embargo, su temor de que algunos competidores pudieran arrebatarle parcelas del mercado es una fuerte motivación para imponer restricciones a las inversiones en este sector en Rusia.
El impacto de estas sanciones sobre el sector energético en Rusia es considerable. Lo más probable es que retrase el desarrollo de los nuevos proyectos durante muchos años. Para Moscú ese golpe es algo que no se puede perdonar. Pero eso ni siquiera es lo peor.
La nueva ley sancionaría a empresas que participen en el proyecto Nord Stream II, que conecta a Rusia con Alemania por medio de un gasoducto desde el Báltico. En los hechos, esta medida está dirigida a entorpecer las exportaciones de energéticos a través de ductos o por medio de buques tanques. Y aquí la ley también fortalece el régimen de sanciones existentes en materia de privatizaciones que otorguen beneficios exorbitantes a funcionarios de empresas cuyos activos sean vendidos al sector privado. Es decir, la ley se dirige a los oligarcas que controlan sectores estratégicos de la economía rusa. Son los mismos oligarcas que antes han sido útiles para todo tipo de negocios turbios con empresas estadunidenses. Hoy las prioridades han cambiado.
Las sanciones que Washington quiere imponer a Rusia están relacionadas con sus objetivos en Ucrania, Siria y con su afán de controlar el mercado mundial de energéticos. Trump podrá estar más interesado en los proyectos de sus empresas y las de sus amigos (como Tillerson, su secretario de Estado). Pero las prioridades de los imperios suelen ser más importantes que las del emperador en turno. Las sanciones impuestas a Rusia constituyen un acto hostil. Muchas guerras han comenzado con este tipo de medidas.
Twitter: @anadaloficial
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L as relaciones entre Estados Unidos y Rusia se mantienen en una trayectoria peligrosa. Los vínculos personales de Trump y algunos de sus asociados (y miembros del gabinete) con compañías y oligarcas rusos son estrechas. Hay muchos intereses de por medio, desde astronómicas inversiones en el sector energético, hasta transacciones gigantescas en bienes raíces y otros sectores de la economía real y las finanzas. Eso explica el deseo del presidente estadunidense de mejorar las relaciones con Moscú. Sin embargo, una buena parte del establishment en Washington está decidida a promover un clima de tensión y de antagonismo directo. Para muchos conservadores y liberales la animadversión a Rusia parece ser un terreno en el que pueden estar de acuerdo. El resultado es una lucha larvada entre la Casa Blanca y el Capitolio por el control de la política de Estados Unidos hacia Rusia. El 15 de junio pasado el Senado estadunidense aprobó la ley S722, que lleva por título Ley para examinar y contrarrestar las agresiones de Irán y Rusia. La sección sobre Rusia fue añadida a una ley dirigida a endurecer las sanciones contra Irán. Pero el añadido resultó ser más grande e importante que el texto principal que se concentraba en las medidas contra Teherán. A pesar de lo que podría indicar su título, la mayor parte de este nuevo instrumento está dedicado a Rusia. Se trata de una nueva escalada en la aplicación de sanciones en contra de individuos y empresas en Rusia. Y algunas de las sanciones podrían aplicarse a empresas europeas interesadas en invertir en proyectos energéticos que Rusia considera prioritarios. Lo más importante de la nueva ley es que codifica las sanciones existentes, lo que impide que el inquilino de la Casa Blanca pueda eliminar dichas sanciones de un plumazo a través de una simple orden ejecutiva. Esta medida es vista por Trump y sus asesores como una verdadera declaración de guerra en contra del Poder Ejecutivo. Lo cierto es que el presidente ya no podrá utilizar su poder discrecional sobre estas sanciones en las negociaciones que seguramente abrirá próximamente con Putin. La parte más importante de la nueva ley expande las sanciones que ya se aplican contra Rusia en el sector energético. En la actualidad, las sanciones existentes prohíben a empresas en países occidentales proveer de bienes y servicios para el desarrollo de los llamados proyectos de siguiente generación en el sector energético ruso. Estos proyectos incluyen las inversiones en plataformas marinas en el Ártico, perforaciones de muy grandes profundidades, así como las inversiones en petróleo y gas de esquistos. La nueva ley aplica sanciones a las empresas rusas involucradas en este tipo de proyectos independientemente de su ubicación. Esto hace más difícil la adquisición y asimilación de nuevas tecnologías de perforación por parte de estas empresas rusas. Más aún, la nueva ley aplica sanciones a empresas extranjeras que hagan inversiones significativas en los proyectos energéticos de siguiente generación. Éste es un caso de sanciones secundarias que tiene muchas implicaciones. La industria extractiva de petróleo de esquisto en Estados Unidos ha sufrido el colapso de los precios de crudo, pero se ha podido recuperar con un gran esfuerzo de reducción de costos de producción. Sin embargo, su temor de que algunos competidores pudieran arrebatarle parcelas del mercado es una fuerte motivación para imponer restricciones a las inversiones en este sector en Rusia. El impacto de estas sanciones sobre el sector energético en Rusia es considerable. Lo más probable es que retrase el desarrollo de los nuevos proyectos durante muchos años. Para Moscú ese golpe es algo que no se puede perdonar. Pero eso ni siquiera es lo peor. 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