Iran without Khamenei

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Quienes han decidido intervenir militarmente deben responsabilizarse de que, si cae el régimen, el país no se convierta en otro Estado fallido
Del mismo modo que el ataque militar contra Irán por parte de Estados Unidos e Israel sin mandato legal alguno es criticable por lo que supone de violación del derecho internacional, también lo es la muerte del líder iraní, Alí Jameneí. El ayatolá, fallecido en un bombardeo cuya autoría se ha atribuido la fuerza aérea israelí, era el máximo responsable de un régimen que, desde hace décadas, viola los derechos humanos de su población. Su figura, como su Gobierno, ocupará un lugar destacado en la historia universal de la ignominia, pero su destino no debiera haber sido acabar aplastado bajo los escombros de su cuartel general, sino ante un tribunal. Ya no será así porque, de nuevo, Trump y Netanyahu han optado por tomar el peligroso atajo que consiste en aplicar una pretendida justicia sumarísima en vez de respetar los procedimientos de la legalidad internacional. Otro fracaso del orden mundial basado en reglas construido con gran esfuerzo mediante instituciones transnacionales —también de justicia— tras la Segunda Guerra Mundial.

El descabezamiento del régimen iraní —además de Jameneí, el número de responsables gubernamentales y militares muertos aumenta a medida que pasan las horas y ya se cifran en más de 40— abre un periodo de incertidumbre sobre el futuro de un país cuya oposición interna ha sido cruelmente represaliada durante años pero cuya cúpula teocrática llevaba meses preparándose para la sucesión de Jameneí por razones de edad (tenía 86 años) y, además, ha tenido tiempo para prever contingencias como la que acaba de vivir.

que la dictadura islámica no tardara en nombrar al frente del país a un comité interino —en el que están el presidente, Masud Pezeshkian, el líder de poder judicial, Mohseni Ejehei, y el ayatolá Alireza Arafi, que como religioso es el sucesor provisional de Jameneí como líder supremo— es una muestra de que el régimen tenía al menos un plan de contingencia ante un golpe devastador como el que ha sufrido. Está por ver si su voluntad de negociar con EE UU —adelantada ayer por Trump—busca asegurarse la supervivencia en el poder bajo nuevas fórmulas a la venezolana o, como sería deseable, abrir el camino a una transición democrática creíble.
Mientras, el hecho de que ayer continuaran los contraataques iraníes sobre los diversos países del Golfo en los que Estados Unidos tiene instalaciones militares, un misil balístico cayera sobre Jerusalén y varios proyectiles trataran de alcanzar Chipre, es una prueba de que la cadena de mando sigue operativa. Y de que el peligro de que la guerra se extienda sigue siendo real.
Las consecuencias de la intervención ordenada por Trump tienen una repercusión global —habrá que comprobar cómo afecta hoy lunes al mercado del petróleo y al precio de la energía— pero, sobre todo, una repercusión directa sobre la población civil iraní. Cabe preguntarse legítimamente si quienes han decidido cambiar el Gobierno de Teherán por la vía militar tienen también alguna previsión viable y realista para un futuro estable que cuente con la oposición democrática, es decir, un plan para que, en el caso de que el régimen de los ayatolás se derrumbe tras más de cuatro largas décadas, Irán no pase a engrosar la lista de Estados fallidos en la región.