El postulado de lucha contra el comunismo local e internacional en el contexto de la “Guerra Fría” conllevo al acercamiento lógico con los EEUU como los populismos militares de la época representado por Juan Domingo Perón concediéndole asilo en 1957, tras su derrocamiento y Manuel Odría en el Perú catalogado por conservador y represor de movimientos de izquierda.
En marzo de 1954; se desarrolla en la recién inaugurada Ciudad Universitaria de Caracas en el Aula Magna la X Conferencia Interamericana se adoptó la “Declaración de Caracas” condenando los totalitarismo y reafirma la adhesión a la democracia representativa – aunque suene irónico- y “Declaración de Solidaridad para la preservación de la Integridad Política de los Estados Americanos contra la intervención del Comunismo Internacional” contando con la oposición de los gobiernos de Guatemala, México y Costa Rica; esta última sirvió de base para el derrocamiento del presidente de Guatemala Jacobo Arbenz de tendencia de izquierda progresista.
La intervención del delegado norteamericano Jhon Foster Dulles exalto los peligros de la expansión del comunismo; el canciller guatemalteco Guillermo Torriello destaco que la resolución iba dirigida contra su país, al cual se ubica arbitrariamente dentro de la ideología comunista. Se adopta en la Conferencia la Convención Interamericana sobre Asilo Político. El líder socialcristiano chileno Eduardo Frei Montalva en un discurso en la Cámara del Senado en 1953, solicito al gobierno chileno de la época que no se hiciera representar en la Conferencia de Caracas, porque Venezuela estaba sometida a un régimen despótico y violador de los derechos humanos.
El Tratado Comercial de Venezuela y Estados Unidos firmado en agosto de 1952, modificó el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1939, se produce la apertura del mercado interno a productos norteamericanos con base a bajos aranceles, con la garantía que ninguna prohibición, restricción o cualquier otra forma cuantitativa sería impuesta por el gobierno de EEUU a Venezuela particularmente referida al petróleo venezolano.
Una propuesta nacida en el Congreso de EEUU para reducir las importaciones petroleras particularmente desde Venezuela denominada Ley Simpson, rechazada por ambas cámaras impulsada por los dueños de las empresas petroleras norteamericanas que solicitaba la reducción de las importaciones, como consecuencia de la crisis del mercado interno petrolero estadounidense. Este hecho perturbó las relaciones entre los países hasta el punto de emplear Pérez Jiménez amenazas en el envío de hierro al mercado norteamericano.
.El gobierno de Eisenhower en virtud de los logros de su gobierno otorgo a Pérez Jiménez la condecoración de la “Legion Of Merit” reservadas a altas personalidades extranjeras el 13 de febrero de 1954, por el embajador Fletcher Warren; afirmaría la relación con los EEUU se mantuvo en un “alto plano de dignidad y no de subordinación”.
Los gobiernos militares del continente construyeron redes de solidaridad político – ideológica con el propósito de ayudarse mutuamente en la lucha contra los movimientos nacionales de ideología democrático – populista, y emprender campañas violentas contra los grupos radicales insurgentes. La política anticomunista se convirtió en la bandera de estos gobiernos, tanto en términos de política interna e internacional. Los compromisos correspondían a asuntos de defensa hemisférica o seguridad continental frente a cualquier amenaza exterior.
NUEVAS CONCESIONES.
El 11 de enero de 1956 el Ministro de Minas e Hidrocarburos Edmundo Luongo produjo un extenso informe que justificaba las razones técnicas y económicas para que el gobierno de Venezuela autorizara el otorgamiento de nuevas concesiones a empresas privadas estadounidenses como así sucedió. La bonanza petrolera, en la cual influye en gran medida la Guerra de Corea, (1952 – 1956), transformó al estado venezolano en factor dinámico de la economía, con presupuesto necesario para financiar actividades diversas como la industria, la agricultura, los servicios y el pago de la burocracia.
Esta tendencia mantenida hasta 1957, por el bloqueo del Canal de Suez y las acciones militares en el Medio Oriente permitió un nuevo aumento de la producción petrolera e ingresos fiscales. Pese a las condiciones económicas favorables, los gastos generales excedieron la capacidad de respuesta de parte del Estado, originando una cuantiosa deuda.
DERROCAMIENTO 1958.
No parece existir evidencias que sugieran la participación o injerencia del gobierno norteamericano e interés privados en el derrocamiento del gobierno de Marcos Pérez Jiménez en enero de 1958. Rómulo Betancourt había señalado en febrero a su regreso del exilio, si bien criticando el “odio estratégico” que las “minorías comunistas” exhibían contra “todo lo norteamericano”, fustigó la indulgente y equívoca política de Washington frente a las dictaduras como las de Batista, Trujillo y Pérez Jiménez porque parte de la fortaleza de estas venía dada por su complacencia con los intereses económicos norteamericanos, así como por su adhesión a doctrinas como la de Seguridad Nacional, promovida desde el Pentágono durante la guerra de Corea.
A raíz del triunfo de Fidel Castro y la Revolución cubana en enero de 1959, se fue consolidando como idea–fuerza la lucha “antiimperialista” y establecimiento del proyecto marxista en Venezuela dogma de los sectores juveniles de la izquierda venezolana incluyendo de Acción Democrática manifestada en las protestas al extremo caóticas en contra de la visita a Caracas del vicepresidente Richard Nixon en mayo de 1958.
Betancourt sostuvo Nixon era representante de una política que rechazaba la opinión pública de América Latina durante la década del 50; caracterizada por el apoyo y simpatía hacia las dictaduras. Pérez Jiménez recibió la más altas condecoraciones que pueden dar los EEUU a extranjero los mismos días en que Venezuela era un vasto campo de concentración.
EXILIO Y EXTRADICCION.
Marcos Pérez Jiménez se exiliaría en República Dominicana y terminaría en los Estados Unidos. El 16 de agosto de 1963, el juez Arthur Goldberg, de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, dio un fallo final donde declaraba sin lugar las peticiones presentadas por los abogados para evitar la extradición solicitada por el gobierno de Venezuela. Se encontraba preso desde diciembre de 1962.
Entre los argumentos de la defensa de Pérez Jiménez para rechazar la extradición solicitada por el gobierno de Rómulo Betancourt, resaltaba su alegato según el cual una entrega a la justicia venezolana “equivaldría a una condena de muerte”, puesto que quedaría librado a la voluntad de sus enemigos políticos.
Pérez Jiménez aseveraría que John Kennedy fue el principal responsable de la extradición; y Robert Kennedy como fiscal fue quien la tramitó. Sería juzgado solamente por las acusaciones de malversación —y no por cargos de asesinato político, como había solicitado el gobierno de Rómulo Betancourt—; y se le concederían todos sus derechos, de conformidad con las leyes venezolanas. Eran términos contemplados en el Tratado de Extradición firmado entre las dos naciones en 1922. La sentencia máxima que podría recibir sería de 12 años de prisión.
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