Si un salvadoreño escucha que la justicia local es lenta, arbitraria e impredecible, con seguridad lo suscribiría inmediatamente como resumen de una realidad inobjetable. Si en cualquier otro país un embajador extranjero lo insinuara públicamente, posiblemente provocaría una reacción en cadena en rechazo a su interlocutor, como naturalmente se entendería. Mas sin embargo, esta semana, en el marco de un encuentro organizado por la Cámara Americana de Comercio en la capital salvadoreña, el embajador de los Estados Unidos de América, Charles Glazer, ha dicho eso y más, cuestionando al sistema judicial salvadoreño por su ineficiencia, que aunado a la corrupción, representan un obstáculo para una democracia efectiva.
Casi de manera inmediata los diferentes sectores políticos, gremios empresariales y los mismos señalados, han aceptado las críticas expresadas por el diplomático en lo que se ha descrito como informe de su primer año de gestión, y en el que además expresó su preocupación por el auge delincuencial, llamando a las autoridades a tomar las calles y volverlas seguras. El mismo presidente del país, Antonio Saca, ha reconocido como valioso lo dicho por el embajador, y se ha vanagloriado de que las críticas se enfoquen al Poder Judicial y no a su administración, mostrándose satisfechos por la labor, que según él, realizan la Fiscalía y la Policía Nacional Civil, instituciones dependientes de él.
El magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Néstor Castaneda, ha matizado el mensaje, calificándolo como positivo, aclarando que dichas críticas son para todas las instituciones del país. Afirmó que no se puede individualizar sólo a los jueces como deficientes, sino que debe incluirse a la policía y la fiscalía. Otro magistrado de la Corte, Ulises de Dios Guzmán, ha ido más lejos y aceptado que las críticas provenientes de un embajador y de un país amigo no pueden ser desatendidas. La presidenta en funciones de dicho órgano, Victoria Marina de Avilés, sí ha disentido de los señalamientos y ha expresado que la delincuencia debe abordarse de manera integral, entendiendo las causas que subyacen en buena medida con la situación económica y social en deterioro que vive el país, y no como responsabilidad de un solo sector.
De la misma manera, todos los políticos cuestionados al respecto han asumido el discurso de Glazer y han expresado sus valoraciones de acuerdo a sus tendencias; el mismo panorama descrito ha ocurrido en octubre de dos mil seis, cuando el también embajador norteamericano, Douglas Barclay, reclamara en su momento que se combatiera el crimen organizado y los homicidios, así como su demanda a la evasión fiscal de los sectores productivos. Lo triste es que la unanimidad de reacciones se da precisamente ante un flagrante acto injerencista, que por nada del mundo fuera aceptado por los sectores que hoy se sienten hasta apenados y conmovidos, si este mismo mensaje hubiera sido pronunciado por otro embajador, cualquiera que sea; por supuesto, al representante de Venezuela, Nicaragua o Argentina, por mencionar tres, inmediatamente hubiera sido declarado non grato inmediatamente, sobre todo por los sectores ‘nacionalistas’ que gobiernan el país y sus aliados.
Seguramente las observaciones son justificadas, pero además de su carácter intervencionista, son evidentemente acordes a los intereses de los grupos de poder que actualmente luchan por mantenerse; y a quienes el embajador actual les soslaya sus responsabilidades ante el grave problema que por casi de diecinueve años han sumido al país. De ahí el goce del señor Saca, cuando ve pasar las críticas como ajenas, ya que él y su grupo de poder aseguran que están haciendo las cosas bien. Aún en contra de la gran mayoría de opiniones que han expresado que el país necesita un cambio, precisamente por que la delincuencia no ha sido controlada, entre otras causas.
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