Immigration Reform

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Miembros de la Cámara de Representantes del Congreso norteamericano presentaron un proyecto de reforma migratoria que abre la vía a la legalización de millones de personas que viven en el país del norte. Se reinicia el camino que no cuenta aún con el apoyo de los republicanos.

La tercera es la vencida, reza el adagio popular, y pese a los enormes obstáculos que se presentarán en los debates, han aumentado las expectativas en el cumplimiento de una de las promesas de campaña del presidente Barack Obama.

En el 2005 la Cámara de Representantes pasó una ley contra el terrorismo y la inmigración ilegal, mientras que en 2006 el Senado pasó una propuesta de reforma migratoria integral. Ninguna de las dos prosperó porque no se pudieron reconciliar sus diferencias en un comité de ambas cámaras en el 2007.

El primer proyecto cerró el paso a la legalización de indocumentados y estableció una férrea política de seguridad que incluía redadas masivas, deportaciones, la construcción de un muro en la frontera con México, cárcel a los extranjeros sin permiso de estadía legal y criminalización de la estadía indocumentada.

Un segundo proyecto incluyó un fuerte componente de seguridad nacional y una vía de legalización regulada por multas y requisitos que iban desde una permanencia de al menos tres años en el país hasta saber inglés, pagar impuestos y carecer de antecedentes criminales, entre otros requisitos.

Un año más tarde, en 2007, demócratas y republicanos volvieron a intentar un debate, el que terminó en mayo por falta de apoyo en ambas cámaras luego de una guerra de enmiendas a un proyecto que permitía la legalización a algunos indocumentados.

El contenido del documento presentado, en esta ocasión, a la Cámara, que también contiene el polémico y espinoso asunto de la seguridad fronteriza, resalta, como un primer punto, la creación de un programa de visas temporales por un período de seis años que sería el paso previo a la naturalización para los inmigrantes y sus familiares y los acercaría a la obtención de la ciudadanía norteamericana.

Los papeles están sobre la mesa y sus patrocinadores señalan que no se trata de oportunidad o no, sino de “una obligación moral” con millones de personas que trabajan y cumplen con sus deberes ciudadanos y a los cuales se les etiqueta de segunda o quinta categorías.

Mientras tanto, los líderes hondureños en Estados Unidos han comenzado los acercamientos con los congresistas para ampliar la vigencia del Estatus de Protección Temporal que, año con año, ha sido renovado para beneficio de 75 hondureños que ingresaron a la nación del Norte antes del 1 de enero de 1999.

Asegurar la estancia de los compatriotas en EUA debe estar, desde el primer día, en la agenda del nuevo gobierno.

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