The Return of the “Robber Barons” in the U.S.

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La revolución de los “barones-ladrones” en E.U.

“CON UNA SOLA Y DESASTROSA SENtencia 5 a 4, la Corte Suprema devolvió la política a la época de los barones-ladrones del siglo 19”.

Con estas palabras, el New York Times describió las consecuencias de la sentencia que les permite a las corporaciones y sindicatos financiar mensajes políticos durante los períodos electorales en Estados Unidos. ¿Qué dice la sentencia Ciudadanos Unidos vs. Comisión Electoral Federal? ¿Por qué se habla de un retroceso de 100 años en la democracia estadounidense?

Hillary: la película es una producción de 90 minutos que salió al aire a través de la televisión en demanda, durante las elecciones primarias del Partido Demócrata en 2008. Poco tiempo después su distribución fue frenada por la Comisión Electoral Federal, pues violaba las leyes que impedían a las corporaciones participar en política durante períodos electorales. Según la Comisión, la película “no es susceptible de otra interpretación que informar al electorado que la senadora Clinton no es apta para ocupar la presidencia… y que el electorado debe votar contra ella”. En efecto, la película es una recolección de testimonios de comentaristas conservadores que lanzan joyas como la de Dick Morris: “Hillary es lo más cercano que tenemos en América a una socialista europea”.

Ciudadanos Unidos, los autores de la película, una organización sin ánimo de lucro financiada por grandes asociaciones de corporaciones como la Cámara de Comercio, demandó a la Comisión y el caso llegó a la Corte Suprema. El 21 de enero pasado la Corte Suprema se pronunció, revocando dos sentencias anteriores y otorgándoles a las corporaciones los mismos derechos de expresión que a las personas naturales. En palabras del juez Anthony M. Kennedy, quien redactó la sentencia, “Si la primera enmienda [sobre libertad de expresión] tiene alguna fuerza, le prohíbe al Congreso multar o encarcelar a ciudadanos, o a asociaciones de ciudadanos, por simplemente involucrarse en el discurso político”.

La ley anterior, redactada por la dupleta bipartidista de senadores McCain-Feingold en 2002, establecía prohibiciones para emitir “comunicaciones electorales” financiadas por corporaciones o sindicatos 30 días antes de una primaria presidencial o 60 días antes de las elecciones presidenciales.

Obama se refirió a la sentencia de la Corte como “una gran victoria de las grandes petroleras, Wall Street, los bancos, las aseguradoras médicas y otros poderosos intereses que imponen su poder todos los días en Washington para ahogar las voces de los ciudadanos estadounidenses”.

Las consecuencias reales de esta revolución en la política gringa se verán pronto, en las elecciones del Congreso de noviembre. Y las intenciones de las corporaciones no son tímidas. Thomas J. Donohue, presidente de la Cámara de Comercio, ya anunció que su organización se prepara para el “más grande y más agresivo” esfuerzo de campaña en los 100 años que tiene la agremiación. “Cuando los estadounidenses escojan a legisladores del Senado y la Cámara este año”, declaró Donohue, “la Cámara de Comercio resaltará a los candidatos que apoyan una agenda de creación de empleos y denunciará a aquellos que no lo hacen”.

Los electores siguen teniendo la última palabra. La pregunta es: ¿Se puede comprar la opinión?