Pena y rabia da el genuflexo gobierno que anuncia con bombo y platillo que podrán entrar a territorio mexicano todos aquellos que cuenten con visa otorgada por el gobierno de Estados Unidos, visa que da el gobierno del país vecino para visitarlo, sin que le importe a ese gobierno si a quienes concede visa se dirigen, aparte de a Estados Unidos, a cualquier otra parte del mundo.
Que el gobierno de México permita o impida la entrada de extranjeros a nuestro país, está en sus facultades de gobierno; que lo haga con la documentación que como gobierno determine, es procedente. Que ceda la función de decidir quién entra o no a territorio mexicano a un gobierno extranjero, que eso es lo que representa esa medida tan aplaudida en el medio oficial, sin que medie siquiera un acuerdo al respecto, es renunciar al ejercicio de un derecho soberano, y resulta, por decir lo menos, indigno de quienes ejercen funciones y toman decisiones en nombre de la nación.
Si la actual administración del país cree que el gobierno de la nación vecina le va a rendir cuentas de a quiénes otorga visas para visitar Estados Unidos y así sabrá quién puede venir a México, está viviendo fuera de la realidad de este mundo y sus hegemonías.
Si se está, como se debiera, en favor de ampliar los derechos de la gente, tómense medidas para que se dé, a lo largo y ancho del mundo, libertad de tránsito a las personas para que vayan y vuelvan por donde les venga en gana.
Si se quiere promover el turismo hacia México, no será con la visa estadunidense como se logre (dejemos que el vecino haga lo que quiera hacer, es asunto suyo y no nuestro), sino mejorando en todos sentidos las condiciones en nuestro país, y en este asunto concreto, pequeño frente a todo lo demás, quitando el trámite de contar con la visa mexicana para visitar nuestro país, reconociendo que con el trámite de otorgamiento de la visa, documento ya anacrónico, sólo se causan innecesarios contratiempos burocráticos al turista.
Al dar validez irrestricta a la visa estadunidense para entrar a nuestro país, el gobierno de México entrega el ejercicio de su soberanía a uno que ejerce la suya, para que ejerza también la nuestra según lo decida. ¿Los funcionarios en los cargos más altos de nuestra administración se dan cuenta de lo que están haciendo? ¿Están conscientes de ello o son inconscientes de la desproporción y consecuencias de su decisión?
Grave, muy grave resultaría que quienes gobiernan nuestro país no se dieran cuenta que al dar validez irrestricta a un documento extranjero (nada más porque sí) para adquirir un derecho en nuestro país (el de entrar y permanecer en territorio nacional), están cediendo a un gobierno extranjero (el de Estados Unidos) una facultad (la de decidir a quién se le permite o no entrar a nuestro país) que debiera ser irrenunciable para quienes han aceptado desempeñar funciones de gobierno, en un país que oficialmente se declara soberano.
Más grave resultaría que esa cesión de soberanía sea un acto consciente de traición a la patria.
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