En el culminado Foro Económico de Latinoamérica, celebrado en Cartagena, el primer mandatario de la nación, además de declarar su simpatía por los Estados Unidos y asegurar que hacemos parte de lo que él entiende que es el “patio trasero” de dicha potencia, mostró su frustración por la actitud del gobierno norteamericano al diferir la firma del Tratado de Promoción del Comercio, alegando que el mismo “favorece más a Estados Unidos que a Panamá”. Esta última frase si bien contiene un grano de verdad, también contiene un prominente error: si bien es cierto que el mismo favorece los intereses norteamericanos, el mismo daña los intereses del desarrollo nacional.
Dani Rodrick, profesor de la Universidad de Harvard, ha vuelto a dejar claro en un artículo reciente titulado “El Regreso de la Política Industrial” que la intervención Estatal a favor del desarrollo de determinados sectores e industrias ha sido un elemento clave para el desarrollo exitoso de las economías. En apoyo de su punto de vista Rodrick llama la atención sobre un número plural de ejemplos que van desde la política de la República Popular China y la exportación de uvas y productos de la silvicultura en Chile, hasta las recientes declaraciones del presidente francés, reconocido por su pensamiento liberal, en el sentido de que este tipo de política es fundamental para conservar los empleos industriales en su país. Adicionalmente en el caso de los Estados Unidos no solo nos recuerda el caso del desarrollo del Internet, si no que en la actualidad el gobierno de ese país ha decidido gastar 40,000 millones de dólares en el desarrollo de lo que considera que son “tecnologías verdes”. La aseveración de Rodrick se ve reforzada por el análisis histórico realizado por Ha-Joon Chang en su libro “Bad Samaritans”, en el cual demuestra con claridad que desde el desarrollo de Gran Bretaña hasta el de Corea del Sur el progreso ha sido promovido por la intervención pública vía la política industrial.
Uno de los problemas del llamado Tratado de Promoción del Comercio es precisamente que el mismo elimina la posibilidad de que Panamá realice una efectiva política industrial. Esto se evidencia, por ejemplo, en su artículo 10.9, que está referido a los llamados requisitos de desempeño, en el cual se prohíbe la utilización de un conjunto de palancas para el desarrollo. De acuerdo a dicho artículo Panamá, por ejemplo, no podría exigir a los inversionistas de la contraparte que exporten un porcentaje dado de su producción, que aseguren un determinado nivel de contenido de insumos nacionales o que se comprometan a transferir tecnología, procesos productivos u otro tipo de conocimientos de su propiedad. Estamos frente a un arreglo que daña los intereses del desarrollo nacional y por tanto de las grandes mayorías del país. Se trata de una realidad irrefutable aún cuando pueda ser de difícil comprensión para quien proviene de las filas del capital comercial.
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