Immigration Reform and the Diaspora

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Nueva York. Qué época más dura para los indocumentados. Los ataques vienen de todos los lados. Esta semana, Tom Mullis, un político de Nuevo México, ha propuesto que minen -es decir, que pongan minas antipersonales- a lo largo de la frontera con México, mientras que, en Washington, un grupo de congresistas republicanos ha propuesto un proyecto de ley que les quita la nacionalidad estadounidense a los hijos de los indocumentados. Y eso que este país dizque defiende los DD.HH.

Ese es el gran dilema de Barack Obama para proponer una reforma migratoria. Además de lo anterior, en este año electoral cerca de 150 localidades de los Estados Unidos han aprobado leyes locales para que la Policía persiga a los indocumentados -aquí mismo en Long Island esta práctica es común-. Estados como Texas, Colorado, Carolina del Norte y Pensilvania -localizado junto al área metropolitana de Nueva York- estudian aprobar leyes similares a la denominada Ley Arizona, que permite parar a todas las personas que parezcan indocumentadas.

Por otro lado, para los analistas estadounidenses de origen anglo -los de origen hispano alegan que “hay que hacer la reforma”- el problema más grave radica en que la mayoría de los congresistas demócratas y republicanos no pueden darse el lujo de aprobar lo que aquí llaman “una amnistía”, con el fin de legalizar a los 11 millones de indocumentados que viven en tierras del ‘Tío Sam’.

Según las cadenas de televisión, cerca del 70 por ciento de los estadounidenses se opone a una amnistía, aunque mas del 60 por ciento está de acuerdo con la inmigración legal. Por estas razones, los políticos no pueden comprometerse con Obama -por lo menos este año- y tampoco se sabe cuál republicano se va a atrever a presentar la reforma migratoria. El ejemplo de lo que ha sufrido el senador John McCain, de Arizona, quien fue el candidato republicano frente a Obama, para su reelección este año -debido a que fue el ponente, junto con Ted Kennedy, de la reforma migratoria de George W. Bush- hace que todos los republicanos lo piensen tres veces antes de comprometerse. Los republicanos aspiran a controlar el próximo Congreso, tanto en el Senado como en la Cámara.

La inmigración se ha convertido en el corazón de las relaciones entre Estados Unidos y América Latina, por los efectos económicos, políticos y sociales que produce el dinero enviado por los indocumentados a sus países de origen. En El Salvador, Honduras, Nicaragua y República Dominicana, son el primer renglón de ingresos, mientras que en México, Colombia y Ecuador son parte esencial de la economía.

Así las cosas, a los duros cuestionamientos del presidente Felipe Calderón hace un mes, siguío una reunión de los presidentes de América Central, con el fin de venir al Congreso estadounidense para hacer ‘lobby’ por la reforma migratoria. O, por lo menos, a que la Casa Blanca se comprometa a no apoyar una deportación masiva de indocumentados centroamericanos, en estos momentos de crisis económica global.

El Gobierno de Colombia debería estar presente en esa reunión y los blog de Internet de origen colombiano deberían estar pujando para que tanto Álvaro Uribe como Juan Manuel Santos y Antanas Mockus se comprometan con la diáspora y acudan al encuentro con Obama para defender a los indocumentados.

Con el debido respeto, tengo que decir que la crisis del liderazgo colombiano en el exterior es mucho más grave en Estados Unidos, porque teniendo una comunidad pujante, con ingresos promedios de 43.450 dólares, la cual se encuentra entre las más educadas entre los inmigrantes, aquellos que se designan a sí mismos como líderes se la pasan peleando por figurar, insultando, difamando y destruyéndose, mientras dejan a un lado los temas importantes. Lo que pasó con los avales para elegir al congresista por el exterior es una verdadera vergüenza colectiva. Conocidos colombianos se convirtieron en viejas chismosas que despotricaban de todo el mundo. Menos mal que Jaime Buenahora fue elegido como el representante de la diáspora.

Esa falta de unidad para reclamarle y exigirle al Ejecutivo colombiano fue lo que nos costó la no aprobación del TPS (permiso temporal de trabajo) en el 2000, cuando el entonces presidente, Andrés Pastrana, se negó a solicitar el TPS para los indocumentados colombianos que ya estaban en masa, “porque habría que declarar a Colombia en guerra y eso sería fatal para las inversiones”, fue la explicación que nos dieron los voceros presidenciales.

Pero si es cierto que se quiere hacer algo, tanto por la diáspara como por los indocumentados, estamos retrasados para hacer algo en forma coordinada, con el fin de presentarlo al nuevo gobierno.