The Reach of the Fight against Crime

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El Congreso de Estados Unidos le pide a la administración del presidente Obama que detalle, en sus informes sobre la Iniciativa Mérida, los progresos de las metas estratégicas y los alcances de la ayuda que se está proporcionando a México en el marco de ese convenio de cooperación bilateral. Los legisladores de aquel país reclaman que los reportes que reciben sólo mencionan los contratos con las empresas que prestan los servicios de asesoría, capacitación y venta de tecnología, pero no si tales esfuerzos han dado resultados.

Esta elemental petición de rendición de cuentas al interior del país vecino va al corazón de una cuestión fundamental en la agenda bilateral: cómo medir los resultados y la eficiencia de la lucha contra el crimen organizado en México. ¿Por número de capos detenidos, por decomisos de estupefacientes, por el precio de las drogas en la calle, por niveles de consumo? ¿Cómo saber que hay avances y qué tanto falta para alcanzar un punto de equilibrio equivalente a un estado normal de las cosas?

Es decir, el asunto doméstico estadounidense necesariamente nos atañe, porque al momento de aceptar ayuda vía la Iniciativa Mérida, México se subió —para bien y para mal— al debate público de los Estados Unidos. Lo que piden los legisladores es la definición de la agenda bilateral, no sólo a partir de intenciones sino de resultados mesurables. Hay millones de dólares de los contribuyentes de aquella nación que quieren saber si sus recursos están siendo bien invertidos. Están en su derecho.

Lo que sigue es que se clarifiquen los alcances y las metas, así como los indicadores para determinarlos. Una percepción básica es que si la droga sigue fluyendo sin control a territorio de EU, si la violencia ya alcanzó sus ciudades y si el consumo no disminuye sino que asciende, entonces la inversión podría estar siendo insuficiente o inútil. En un esquema así sólo ganan los contratistas, pero no el pueblo estadounidense. Por eso es necesario saber cuál es el plan original y en qué etapa de progreso se encuentra.

El gobierno mexicano no tiene por qué subordinarse a los poderes de otros países, así sean aliados, pero sí tiene la obligación de transparentar sus logros y retos al pueblo de México. En tal sentido, clarificar los alcances y tiempos de la colaboración binacional servirá para tener un diagnóstico más preciso del estado que guarda esta lucha y los pasos que se piensan seguir dando.

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