USA: Again, the Dilemma betweenSecurity and Rights

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EE.UU.: otra vez, el dilema entre seguridad o derechos

POR MARCELO CANTELMI

La Administración Obama debió dar explicaciones esta semana por el espionaje a periodistas y la persecución impositiva contra opositores. Los argumentos fueron alarmantes.

El carácter epidémico de una deficiencia no conlleva consuelo. Nada soluciona la generalización de la catástrofe y debería, más bien, aumentar los niveles de alarma. Que la democracia -los derechos que le dan identidad y cuerpo legal- estén en cuestión, no en un puñado de países, sino ya en casi todo el mundo de Norte a Sur, es un ejemplo de un desvío que no tendría que ser aceptado sin resistencia.

El problema de la época no es la indiferencia o descuido sobre los efectos de este peligroso retroceso, sino las alturas que va alcanzando este fenómeno. El actual incidente en Estados Unidos, con un gobierno que nuevamente asume como legítimo espiar a periodistas o que ha usado los servicios de su división impositiva para perseguir a políticos opositores, muestra un adelgazamiento de esos límites democráticos y un asalto a los derechos individuales que no pocos asumirían como característicos de sistemas políticos mucho menos desarrollados.

El tema sorprende, pero no debería. Sucede en momentos que donde se ponga la mirada se advierte una ofensiva para deconstruir a la República con formas laxas que recuperan, en muchos casos, los modos de un centralismo monárquico con el sujeto social devenido en una nueva plebe obligada a obedecer al poder sin capacidad de apelación. Este desplazamiento de los límites de contención de la democracia que no ha llegado es cierto a esos extremos en EE.UU. se observa con vigor en el Sur mundial, en casos notorios como la Venezuela actual que ha eliminado la división de los poderes e instaurado la censura militante o en Argentina, donde se marcha frenéticamente camino a eso. Pero también se da en un sinnúmero de modelos autoritarios como el que rige en Hungría, en la Rusia de Vladimir Putin, o en formas aún más aberrantes de control institucional como en la Bielorrusia de Alexander Lukashenko. En la Italia de Silvio Berlusconi, maestro vivo de estas prácticas que hacen del Estado un feudo personal, el desprecio al Parlamento y a la Justicia junto con la noción de que nada hay superior al habitante del Ejecutivo, se convirtió en un sentido común que explica en gran medida el pantano de liderazgo que atrapa a esa nación.

Existe una idea ingenua respecto a que los sistemas más probados en el ejercicio democrático podrían haber funcionado como un referente para evitar estos abismos. Pero si EE.UU. fuera ese caso, no debería olvidarse que con el argumento de la brumosa guerra antiterrorista declarada por el anterior presidente George W. Bush, hace ya mucho que ese país pulverizó buena parte de su notable legado de derechos individuales.

La noción es que los estadounidenses (y sus aliados) debían elegir entre su seguridad y sus derechos constitucionales. El Acta Patriótica de octubre de 2001 o la creación del orwelliano ministerio de Seguridad Interior después de los atentados del 11 de setiembre de aquel año, desató las manos del poder público para intervenir en la intimidad de los asuntos de la gente más allá de cualquier límite legal.

Incluso hasta allanar subrepticiamente domicilios particulares cuando sus habitantes se encontraban fuera y sin haber sido advertidos. Es claro que ese abuso usaba al tema terrorista pero no tenía relación con la violencia sino con el blindaje de una forma de acumulación vertical y de transferencia de ingresos que acabó en la crisis global actual con un tendal explosivo de pobres y desocupados a partir del estallido financiero de 2008. Muy distante del relato patriotero, Bush construyó, con el espectro de Al Qaeda, una barrera para cuidar un sistema de desregulación bancaria y bursátil y prevenir cualquier reacción de las víctimas de ese proceso.

Barack Obama, lejos de la ilusión de un cambio que no fue más que una continuidad con las formas excepcionales que impuso el derrumbe de la economía norteamericana, ha mantenido y profundizado ese esquema de intervención del Estado sobre las gentes. El actual escándalo es porque la agencia de noticias AP descubrió que el Ministerio de Justicia había espiado por lo menos 20 teléfonos de línea de sus periodistas durante dos meses en cuatro de sus redacciones principales y en los despachos de ese medio en el Congreso. También en el domicilio y los celulares de uno de sus principales editores .

Todo en torno a una investigación de la agencia sobre una operación secreta de Washington en Yemen.

Con un argumento que parece sacado de la galera de frases de Bush, Obama dijo el jueves que no pensaba disculparse con la AP por este “watergate” pretextando que “está bien la libertad de información, pero la filtración sobre cuestiones de seguridad nacional pone en peligro a las personas”. Ya antes su fiscal general Eric Holder había arremetido con una denuncia criminal contra The New York Times que investigó el programa gubernamental de uso de bombarderos sin piloto y la existencia de una lista de personas a ser asesinadas con esos instrumentos de guerra.

Es difícil asumir que todo se refiere a esa seguridad nacional proclamada y no a la nueva realidad de un país con una empinada concentración del ingreso y que arrastra más de 40 millones de personas en la pobreza, y un descontento social que no se alivia por el leve descenso de la desocupación pues los nuevos empleos son más precarios y peor pagados.

El punto es central para advertir que de lo que se trata no es de una defensa ingenua de la libertad de prensa, sino de un conjunto de ideas sobre cómo deberían funcionar las cosas.

En países que han padecido dictaduras, el profundo significado de ese dilema tendría que ser nítido.

Pero también en EE.UU. que mantiene aun una cárcel cuyos prisioneros carecen de defensa legal como en Guantánamo, o que ha proclamado, como hizo el propio Holder, que el presidente tiene el derecho de ordenar el asesinato de norteamericanos sin proceso previo. Ocurre que entre otras acrobacias dialécticas, Obama ha dicho que la libertad de prensa que debe investigar esos excesos, como la de expresión, son auxilios para que la democracia funcione.

Al dejarlas por afuera no las considera como parte constitutiva del sistema. Pero sin esos atributos centrales queda una democracia vacía, una no democracia.