En 2011 soldados estadounidenses dispararon al terrorista Osama Bin Laden. La orden la dio el presidente de Estados Unidos. Cuando se informó de la muerte del terrorista, en Estados Unidos se desató el júbilo popular. Barack Obama declaró orgulloso: “Se ha hecho justicia”.
Sin embargo, se pregunta Ferdinand von Schirach, ilustre jurista alemán en un lúcido artículo en Der Spiegel, ¿puede una única persona o un Gobierno decidir como acusador, defensor y juez al mismo tiempo quién vive y para quién muere? Bin Laden no murió en acción de guerra, sino que lo ejecutaron sin un juicio previo.
Cuando asumió el cargo, Obama declaró que Estados Unidos proseguiría la lucha contra la violencia y el terrorismo, pero “de una manera que respete nuestros valores e ideales”. Dijo que cerraría la prisión de Guantánamo. Pero Guantánamo sigue reteniendo, humillando y torturando a personas sin derechos.
Ahora estamos ante la mayor operación de acaparamiento por parte de la Agencia norteamericana de seguridad (NSA) de millones de datos personales y confidenciales de ciudadanos de muchos países que no han dado su consentimiento y que han sido objeto de espionaje.
Las vulneraciones del derecho por parte de la política están a la orden del día cuando se trata de la persecución de terroristas. El increíble alcance de las escuchas telefónicas, el control de los correos electrónicos por parte de la NSA vulneran los principios éticos de nuestras Constituciones y del derecho internacional. Contra esto nos tenemos que defender.
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