Argentina no entiende…
El gobierno K critica a los tribunales estadounidenses por su resolución en el conflicto de los fondos buitre
O, más bien, no quiere entender lo que significa la separación de los poderes y la independencia de la justicia como base y fundamento del Estado de Derecho, y de los derechos y garantías individuales.El pasado jueves, el gobierno K planteó ante la Corte Internacional de Justicia de ONU, con sede en La Haya, una demanda contra Estados Unidospor considerar que las decisiones adoptadas por los tribunales estadounidenses en el conflicto por la deuda con los fondos buitre violan su inmunidad soberana. Argentina aduce que Estados Unidos ha cometido una “violación de sus inmunidades soberanas” y de “la obligación internacional de no aplicar o estimular medidas de carácter económico y político para forzar la voluntad soberana de otro Estado”, según un comunicado de la Presidencia del Gobierno.”La responsabilidad internacional de los Estados Unidos por la violación de las obligaciones mencionadas surge, principalmente, de la acción de uno de sus órganos, el Poder Judicial”, explica el texto de comunicado argentino.En buen romance, Argentina demanda a los Estados Unidos por las decisiones tomadas por el juez Griesa y ratificadas por un Tribunal de Apelaciones de Nueva York y por la Corte Suprema de los Estados Unidos.La demanda no tendrá trámite ante el tribunal de La Haya porque para ello era preciso que la parte demandada, en este caso los Estados Unidos, diera su consentimiento a la jurisdicción del tribunal. El viernes, la administración Obama lo rechazó, tal cual era más que previsible. Todo lo cual hace suponer que la demanda no tenía más sentido que arrojar leña a la hoguera progresista y nacionalista que está tratando de encender el gobierno K, quizá con la mirada puesta más allá de 2015, cuando asuma un presidente no kirchnerista. De ese modo, Cristina Fernández se retiraría de la presidencia en lucha sin cuartel contra “los buitres” y quedaría como un referente del más rancio nacionalismo de América Latina.Todo esto puede ser muy funcional para el futuro de la carrera política de Cristina Fernández y su eventual deseo de retornar a la presidencia en 2019. Pero poco funcional a generar en la Argentina las bases necesarias para la recuperación de un país que viene en prolongada decadencia pese a que tiene un enorme potencial por sus recursos naturales y sus recursos humanos. Lo que le falta a la Argentina, en cambio,son instituciones sólidas, estables y predecibles al margen de quien ejerza el poder.Entre las debilidades institucionales se observa el incumplimiento de la Constitución, de las leyes, y hasta de los tratados internacionales que su Congreso ha ratificado y convertido en ley propia. Sin fortaleza institucional, lo que rige es la ley del más fuerte o del más astuto y ello lleva a generar corrupción en las esferas de poder, un clima desfavorable a la inversión, una extensión de la pobreza y la exclusión social. Nada, en definitiva, que favorezca el desarrollo económico y social equitativo y sustentable.La demanda argentina, por otra parte, cayó un día después que el ministro Axel Kicillof solicitara al presidente Obama una intervención ante la justicia. Seguramente Kicillof piensa que todos los países se comportar igual al suyo donde el Ejecutivo da órdenes a los jueces individualmente, los amenaza, o los remueve si son obstáculo para sus intereses políticos. Separación de poderes es aquellanotable expresiónde Montesquieu que terminó por establecer un sistema de pesos y contrapesos en la arquitectura del gobierno, que no le entra en la cabeza al ministro de Economía argentino ni a su presidenta. O quizá si les entre, pero la rechazan inmediatamente como contraria a sus intereses de poder sin límites.Pero sin separación de poderes y sin independencia judicial no hay contrapeso al Ejecutivo o al Legislativo. Hay tiranía del más fuerte. Por ello, en las democracias que se precian de tales, a nadie se le ocurre desconocer en la teoría o en la práctica estos principios. Y si a alguien se le ocurren esas peregrinas ideas, el cuerpo electoral las rechaza como quien rechaza un virus maligno. Es que sin separación de poderes, una democracia está condenada a morir bajo las manos de un autócrata que fue elegido sí por la legitimidad de las urnas, pero que luego perdió su legitimidad al atacar los fundamentos mismos del estado de derecho. Un peligro contra al que hay que estar siempre precavidos.
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