El Gran Jurado de una población de Misuri decidió no llevar a juicio a un policía blanco, Darren Wilson, quien había dado muerte a Michael Brown, un joven negro. Más allá de los desmanes causados en la pequeña población de Ferguson debido a las inconsistencias probatorias que liberan a Wilson, hay un tema de fondo que persiste en una nación que no logra sacudirse un viejo fantasma: el racismo.
Las cifras dadas a conocer dejan mucho que pensar. Los jóvenes negros tienen un 21% más de posibilidades que un blanco de que un policía les dispare. Las estadísticas demuestran que un negro es arrestado, llevado a juicio y condenado mucho más que un blanco. Los primeros pagarán un 20% más de tiempo tras las rejas que los últimos. Es decir, definitivamente hay un grave problema de fondo que tiene que ver con un prejuiciado sistema policial y de justicia que lleva a situaciones como la actual.
El caso de Brown genera una gran controversia. Primero, porque ni siquiera se llevó a juicio a Wilson para que todas las pruebas fueran evaluadas y controvertidas en una audiencia pública. Y eso que todo lo actuado se colocó en una página web para conocimiento del público, pero sólo logró aumentar la incertidumbre. ¿Había robado Brown, justo antes, unos cigarrillos? Parece que no. ¿Utilizó Wilson todos los medios a mano para neutralizar a Brown? No. ¿Hubo proporcionalidad en su legítima defensa al disparar en siete ocasiones a un civil desarmado? Definitivamente no. ¿Se siguieron los protocolos de ley en cuanto a la primera declaración de Wilson luego del tiroteo o en la recolección de pruebas en el lugar del crimen? No.
Con estos antecedentes se llegó ante el Gran Jurado. La conformación del mismo deja todo que desear. Nueve de sus 12 integrantes eran blancos, para una población de 21.000 habitantes en donde cerca del 70% son negros. Además, el fiscal del caso, el encargado de llevar la voz cantante, fue un hombre blanco, reconocido por su favoritismo hacia los policías blancos. Es decir, que la desproporción en cada uno de los casos señalados, sumada a las inconsistencias que se observan a primera vista en materia probatoria, explican el porqué de las manifestaciones en unas 170 ciudades del país, entre ellas Nueva York, Los Ángeles, Atlanta, Boston, Washington, Detroit, Seattle o Nueva Orleans, como rechazo a la decisión final. Todo esto con un presidente negro que tiene que hacer de fiel de la balanza para llamar a la calma por televisión, pero al mismo tiempo tratar de ajustar las cargas frente a una minoría que de una u otra manera sigue siendo discriminada.
¿Qué se puede hacer entonces? De inmediato han surgido varias peticiones, alguna viables, otras no tanto. Que se revise el caso de Wilson y sea llevado a juicio para que se valoren las pruebas y se corrijan las falencias. Se ve muy poco probable, aunque hay algunos resquicios legales que se podrían intentar. Que, como se hace en otras ciudades, todos los oficiales lleven como dotación pequeñas cámaras de video que permitan determinar con mayor certeza lo que sucede durante la implementación de los procedimientos policiales. Que los estereotipos que permiten que haya mayor brutalidad policial puedan cambiar a través de campañas de educación y sensibilización a nivel nacional. Y así.
De momento, Barack Obama ha pedido al fiscal general, Eric Holder, también afroamericano, que sostenga reuniones con policías, políticos locales y líderes religiosos para ver que las acciones policiales “sean justas y se apliquen con igualdad a todas las personas”. Es una tarea que merece todo el empeño posible. Sin embargo, y mientras tanto, se supo que el domingo pasado Tamir Rice, un niño de 12 años, murió a manos de un oficial de policía mientras jugaba en la calle con una pistola de mentiras. Rice era negro.
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