Dos lecturas son las que se desprenden del anuncio que hizo el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, respecto a Venezuela: este país representa “una amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad y la política exterior” del país del norte, podemos leer en el decreto expedido por la Casa Blanca. Duras palabras que, por demás, dejan un camino extenso de largas interpretaciones políticas.
La primera, la más obvia y superficial, es la que han adoptado en Venezuela desde que se emitió el anuncio: que Estados Unidos está detrás de un golpe de Estado en Venezuela; que esta es una estrategia para desestabilizar (más) la política de allá; que hay una posibilidad muy grande de una invasión gringa dentro de lo que es un Estado legítimo. No dudamos, por supuesto, que esta serie de visiones y posturas se rieguen como pólvora en todas las instancias que internacionalmente representan una unión de las naciones latinoamericanas. Y es posible, además, que esto se use para generar algún tipo de mecanismo de presión: de ahí el papayazo que ofrece el gobierno de Barack Obama. Papaya puesta, papaya partida.
La otra lectura, sin embargo, va un poco más en profundidad, sobre todo en el tema de política exterior de Estados Unidos: la declaración de una “emergencia nacional” le permite al presidente de ese país aplicar una serie de sanciones económicas a un grupo de individuos bastante determinado. Es una cuestión de lenguaje: “emergencia” y “amenaza” son palabras grandes, que suenan a intervenciones de largo aliento y peligrosas, pero que esconden detrás de sí la simple necesidad de pronunciarlas para hacer efectivas una serie de castigos pecuniarios.
Tal y como lo dijo en este diario nuestra columnista Arlene Tickner, la declaratoria de emergencia es algo más común de lo que parece: “esto le da al Ejecutivo poderes extraordinarios para, entre otras cosas, congelar bienes de personas non sanctas. Hasta finales de 2014, Obama había invocado ocho veces esta ley, en temas tan disímiles como la pandemia de H1N1 y la situación en Ucrania”. Lo que implica, claro, que hay que revisar la situación en particular para no distorsionar la realidad que se le cierne alrededor.
Gustavo Enrique González López, director general del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin), y el exdirector de Operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) Antonio José Benavides Torres son señalados como “responsables de la erosión de los derechos humanos” desde las protestas del año pasado. En la lista también figuran Antonio José Benavides Torres, que dirigió las operaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) durante las protestas de 2014; el excomandante general de la GNB Justo José Noguera Pietri, actualmente presidente de la estatal Corporación Venezolana de Guayana (CVG); la fiscal Katherine Nayarith Haringhton Padrón, responsable de la acusación contra el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, y el inspector general de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Ufanb), Miguel Alcides Vivas Landino. A partir de ahora estos funcionarios tienen congelados sus bienes en EE.UU. y no pueden ingresar a ese país.
Esa es la envergadura real de la declaratoria: siete individuos acusados. Pero los términos de ella dan para una respuesta que el mismo Obama no quería: ya vemos al presidente Nicolás Maduro promulgando una nueva ley habilitante (que le permite gobernar por decreto sin inmediaciones de ningún tipo) para combatir este “ataque imperialista”. Ya veremos. Para analizarlo desde acá, es oportuno atenernos a los hechos reales. Y esos son.
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