Una vez más Barack Obama tiene el plato lleno y no le va a ser fácil resolver todos los problemas que se le han presentado en las semanas recientes. Para colmo, algunos de esos problemas tienen raíz en la oposición que sus propios compañeros de partido han expresado a por lo menos dos de sus iniciativas.
La primera de ellas es la autorización del Congreso para concluir las negociaciones del acuerdo de libre comercio, conocido como Asociación Comercial Transpacífica. Se iniciaron hace cinco años con 10 países de la cuenca del Pacifico: Australia, Brunei, Canadá, Chile, Malasia, México, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Los demócratas han invocado una serie de demandas como condición para apoyar al presidente, entre ellas garantizar la protección del medio ambiente en los países concurrentes y proteger los salarios y el empleo de los trabajadores estadunidenses.
El programa de intercepción, almacenaje y escrutinio (espionaje) de las llamadas telefónicas implementado por la Agencia de Seguridad de Estados Unidos (NSA, por sus siglas en inglés) es también punto de controversia entre el presidente y sus compañeros de partido. Las revelaciones que Edward Snowden hizo en 2013 sobre la generalización y profundidad de dicho programa abrieron un intenso debate sobre la violación que algunas de sus partes inflige en la privacidad de los ciudadanos. Fue autorizado por el Congreso mediante la legislación conocida como PatriotAct a raíz de los ataques terroristas en territorio estadunidense en septiembre de 2001, e instrumentado por el entonces presidente George W. Bush. Autoriza a la agencia de seguridad a interceptar y almacenar millones de llamadas telefónicas y mensajes electrónicos en Estados Unidos y los que se envían y reciben de otros países. El Congreso lo ratificó cuando Barack Obama llegó a la presidencia, y prescribirá este lunes, a menos que lo ratifique nuevamente.
Innumerables voces se han levantado en contra de la discrecionalidad y extensión del programa, pero han sido los demócratas en el Congreso quienes, con algunos legisladores republicanos, se oponen más firmemente a que se prolongue, a menos que se eliminen algunas de sus partes. El presidente ha insistido en la importancia de que sea ratificado, pero al momento de escribir esta nota no está claro si el Congreso lo hará.
Un tropiezo más es la decisión de un tribunal colegiado de confirmar la suspensión que un juez texano decretó para revocar la orden del presidente autorizando a 5 millones de indocumentados a permanecer y trabajar en el país, en tanto se aprueba una reforma migratoria que legalice su residencia definitivamente. No está claro cuál será la estrategia de la Casa Blanca y si apelará esa decisión ante la Corte Suprema.Lo que sí es claro es que este tropiezo del presidente es más doloroso para millones de indocumentados que permanecerán en las sombras con el temor de ser deportados. Será interesante conocer la reacción de los pre-candidatos a la presidencia y, desde luego, la del electorado de origen latino.
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